El fiscal anticorrupción del Ministerio Público de Temuco a cargo de la investigación por supuestas irregularidades al interior de la CONADI, señaló que no tiene plazos autoimpuestos para cerrar las indagaciones ni para formalizar a ex personeros de gobierno en el marco de tres concursos del fondo de tierras.
Lo anterior en una investigación donde el gobierno de Sebastián Piñera no ha entregado ningún antecedente o documento a la fiscalía para colaborar en esclarecer las supuestas irregularidades o delitos al interior de la CONADI durante los gobiernos de la Concertación.
Durante 2 años el fiscal Sergio Moya, investigó los concursos del fondo de tierras 9 y 10 de la CONADI, donde se incluyeron pérdidas de carpetas y documentos en plenas indagaciones, desde las oficinas de la sede de la entidad de gobierno en Temuco, cosa que fue investigada por la PDI.
Todo esos antecedentes fueron recogidos por el fiscal anticorrupción de Temuco, Cristian Crisosto, quien además indagará el concurso número 11 y las denuncias del diputado José Manuel Edwards sobre un posible fraude al Fisco, ya que a última hora y sin explicaciones se cambiaron más de la mitad de los beneficiados.
En todas estas indagaciones iniciadas durante marzo, la Conadi bajo la nueva administración de Francisco Painepán no ha entregado antecedentes o documentos a la Fiscalía para ayudar a aclarar las denuncias de graves irregularidades, dejando en el olvido sus dichos de que venian a limpiar y esclarecer todos los supuestos hechos de corrupción ocurridos durante los gobiernos de la Concertación.
Cristian Crisosto, fiscal anticorrupción del Ministerio Público en Temuco, señalo a La Radio que no tiene plazos autoimpuestos para formalizar ni tampoco para cerrar el caso, ya que quiere efectuar una investigación de calidad.
Recordemos que han sido los propios parlamentarios de la Alianza, quienes han denunciado públicamente en duros términos todas los supuestos hechos de corrupción registrados al interior de la CONADI durante los gobiernos de la Concertación, sin que hasta la fecha ni la justicia ni las propias autoridades de la entidad indígena del gobierno saquen nada en limpio al respecto.
