Diputados de la región de Valparaíso entregaron en la Contraloría General de la República nuevos antecedentes sobre el Caso Horas Extras al interior del municipio de Viña del Mar.

Según los datos entregados, sólo 5 funcionarios con cargos directivos al interior de la administración de Virginia Reginato habrían recibido más de $350 millones durante 4 años por pagos de horas extras imposibles de realizar.

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Estas cifras habrían sido calculadas por los equipos de los diputados Rodrigo González y Daniel Verdessi, quienes la semana pasada presentaron una querella contra quienes resulten responsables por el presunto delito de fraude al Fisco al interior de la casa consistorial viñamarina que arrastra un millonario déficit en sus arcas calculado en poco más de $13 mil millones.

Por lo anterior, la mañana de este lunes se reunieron con el contralor regional Victor Hugo Merino, instancia donde González detalló parte de estos nuevos antecedentes que ya son parte de la investigación que actualmente se lleva adelante al interior del municipio de Viña del Mar.

Además le solicitaron que la investigación el órgano contralor no se efectúe revisando el estado financiero del último año, sino que ésta se extienda por la última década.

El avance de la auditoría estaría desarrollandose de forma expedita, como lo aseguró Verdessi, quien incluso se aventuró a decir que este proceso concluiría en el corto plazo, dejando atrás aquellos plazos que hablaban de al menos de 3 a 6 meses de demora.

Pero durante las últimas horas, un nueva voz se ha sumado a quienes han opinado sobre este tema como el alcalde de Limache y presidente Regional de la Asociacion de Municipalidades, Daniel Morales, quien señaló a un medio escrito que las críticas a la administración de Virginia Reginato son injustas, y que acciones como la de los parlamentarios no ayudan a solucionar el tema.

Forma de presión

Por su parte, el parlamentario PPD -quien tambien fue jefe comunal de Viña del Mar en la década de 1990- respondió a este emplazamiento y dijo que no los amedrenta lo que a su juicio es una forma de presión del jefe comunal limachino.

Al ser consultado, Morales señaló que un elemento a analizar dentro de la crisis del municipio viñamarino es el marco normativo que actualmente configura el funcionamiento de las administraciones de las comunas.

Además indicó que en muchas ocasiones la modernización en torno a personal ha “quedado corta”, lo que tiene relación con la Ley 20.922 promulgada por el Gobierno anterior.

Modernización profesional

Dicha legislación establece que los alcaldes, con el apoyo de 2/3 del Concejo Municipal y previa consulta a un comité bipartito-paritario compuesto por representantes de los funcionarios y del propio alcalde, podrán modificar la respectiva planta cada ocho años, a partir del 1 de enero del 2018.

Con ello se busca promover la profesionalización de los municipios, porque un 75% de los nuevos cargos que se creen deberán ser profesionales y técnicos.

Además, establece normas de responsabilidad fiscal y probidad para el proceso de fijación de plantas y que se deben priorizar el aumento del personal a contrata con los funcionarios a honorarios existentes en el municipio.

Otros de los cambios que promueva la legislación es la modificación en el límite del gasto en personal a contrata, que pasa del 20% al 40% en planta, mientras que el gasto en personal de la nueva planta sube del 35% al 42% de los ingresos propios del municipio.

Se exige también como instrumento de gestión municipal la política de recursos humanos, con participación de los funcionarios, y su estado de cumplimiento debe ser parte de la cuenta pública del alcalde.

Asimismo, se incorpora como exigencia municipal la existencia de un reglamento de concursos públicos.