El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una querella en contra de quienes resulten responsables del delito de tormentos o apremios ilegítimos -en calidad de autores, cómplices o encubridores- en contra de un menor de 17 años en el Centro de Internación Provisoria y Centro de Régimen Cerrado (CIP-CRC) de Limache, a cargo del Servicio Nacional de Menores (Sename).
La querella relata los hechos acontecidos el 7 de noviembre en dicho centro, cuando cerca de las 21:00 horas personal de Gendarmería hizo ingreso y sacó a todos los niños al patio, ordenando que se desvistieran. Situación en la cual se produjo una golpiza a un compañero del menor, quien intentando defenderlo también fue golpeado y rociado con gas pimienta.
En el escrito se da cuenta además que el menor, al aferrarse a uno de los agresores para evitar más golpes, fue tirado al suelo para posteriormente golpearlo en la cabeza y en la cara.
“Le tiraban el pelo, le daban cabezazos en el suelo, le pegaban combos en la cara, espalda y todo el resto de su cuerpo, mientras le decían que era un hijo de perra por andar en los techos y tirarle piedras a la garita y que ‘ahora iban a cobrar’ -tomar revancha- arrojándole nuevamente gas pimienta”.
Las agresiones a la víctima fueron descubiertas por otra trabajadora del centro, quien dio la alerta y derivó al menor para su atención médica, siendo llevado a la Unidad de Salud del CIP-CRC de Limache.
En el centro asistencial se constató una contusión facial múltiple occipital, temporal izquierda, aumento de volumen en mandíbula izquierda, dolor al movilizar indicando derivación al Hospital.
Las observaciones indicaban un enfrentamiento con Gendarmería. En tanto, el Hospital Santo Tomás de Limache constató erosiones en la espalda, contusiones en región frontal, erosión en nudillos de la mano izquierda y codo izquierdo.
El argumento para utilizar la figura de apremios ilegítimos se basa -según la organización- en que los hechos habrían ocurrido en presencia del director del Centro, Danilo Mollo, “quien no intervino de ninguna forma para evitar esta brutal agresión”, según indica el documento.
La querella además solicitó medidas de protección para el menor agredido, quien todavía se encontraba privado de libertad en el mismo centro, bajo la custodia de quienes presenciaron o fueron parte de alguna manera de su agresión.
Medidas que consisten en la prohibición para los agresores e involucrados de acercarse, incluyendo al funcionario del centro que estuvo presente.
Cabe recordar que la aplicación de tormentos o tortura, además de constituir un delito en Chile, es una violación grave a los derechos humanos reconocidos por tratados internacionales vigentes en Chile, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
