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A comienzos de 2018 se retomarían obras del nuevo cuartel de la PDI en Osorno

ARCHIVO | Agencia UNO
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En varios escenarios avanza el Ministerio de Obras Públicas para retomar el proyecto de construcción del nuevo edificio de la Policía de Investigaciones de Osorno. Se calcula que a comienzos de 2018 podrían retomarse las obras.

El primer paso fue contratar una empresa que se encargue de lo conocido como “serenía” (de sereno), que tiene como función cuidar el recinto ubicado en la intersección de las calles Prat y Barros Arana. Junto a ello, construir el cierre perimetral y realizar las faenas de extracción de agua, pues las pocas obras que realizó Ingeproc antes de abandonarlas por insolvencia económica, quedaron inundadas por las lluvias de este invierno.

Otro escenario es la situación laboral de los 55 trabajadores de la citada empresa. Si bien los contratos ya fueron finiquitados, 5 de ellos iniciaron demandas en el Juzgado de Letras del Trabajo, mientras que los otros 32 analizan la misma medida para exigir la “Ley Bustos”.

La información fue entregada por Carolina Mellado, jefa de la Dirección de Arquitectura del MOP, quien acudió hasta la comisión provincial del Consejo Regional para explicar el estado del emblemático proyecto.

Según la personera, el tercer escenario es la reliquidación del contrato con Ingeproc y el comienzo de una nueva licitación para encontrar una nueva constructora. Gestiones que pueden avanzar simultáneamente, pues se ha dejado claro que todo lo que cueste en términos monetarios retomar la iniciativa, será cobrado a la quebrada empresa, por lo que hay que saber cuánto saldrá y si hay o no que pedir un nuevo aumento presupuestario al Gobierno Regional.

En la sesión el consejero Alexis Casanova cuestionó la adjudicación a Ingeproc de un proyecto multimillonario como el del cuartel de la PDI, teniendo en cuenta que era conocido que la misma empresa tenía conflictos laborales y económicos en Talca, Linares e incluso Puerto Montt, similares a los de Osorno.

Carolina Mellado respondió que si bien tenían conocimiento de aquello, en lo administrativo no existían demandas que provocasen algún reparo en su contratación.

Casanova dijo que no puede ser que pese a la notoriedad de los antecedentes no exista forma de evitar que una empresa que a todas luces mostraba que fracasaría se adjudique proyectos por 8 mil millones de pesos, apuntando hacia la negligencia administrativa.

Por todo es que anunció que en la próxima sesión del consejo regional a desarrollarse en Puerto Varas planteará el problema, con el fin de buscar algún método para evitar que se sigan repitiendo este tipo de situaciones.

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