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Justicia paraliza aplicación de polémica ordenanza en Antofagasta

Archivo | Agencia UNO
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La Corte de Apelaciones de Antofagasta admitió este jueves un recurso de protección y dio orden de no innovar a la municipalidad sobre la ordenanza dictada el 30 de octubre recién pasado, que prohíbe y multa toda forma de ocupación de espacios públicos y de actividades en que se solicite dinero a los transeúntes.

Además, el tribunal de alzada dio un plazo de ocho días hábiles a la Municipalidad de Antofagasta para que entregue todos los antecedentes sobre la materia.

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Cabe recordar que a fines de octubre, la alcaldesa Karen Rojo, anunció que el municipio, con la probación del Concejo Municipal, multaría hasta con 250 mil pesos a quienes duerman en la calle y a quienes limpian parabrisas de automóviles en la vía pública, o hacen malabares o ejercen el comercio ilegal en las calles.

Paralización de la medida

Este viernes, en fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por la ministra Virginia Soublette Miranda, el fiscal judicial Jaime Medina Jara y el abogado (i) Marcelo Díaz Sanhueza– dio orden de no innovar por considerar que existen indicios de que los efectos del acto recurrido podrían constituir una afectación de garantías constitucionales.

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“Téngase por interpuesto recurso de protección en contra de la Municipalidad de Antofagasta. Informe la recurrida a su tenor, dentro del término de ocho (8) días hábiles, debiendo acompañar todos los antecedentes justificativos de sus alegaciones”, ordena el fallo.

Resolución que agrega: “Existiendo indicios de que los efectos del acto recurrido pudieren constituir una afectación a las garantías constitucionales invocadas, y sin perjuicio de lo que se resolverá en la vista de la causa, ha lugar la orden de no innovar”.

Apoyos y críticas

La polémica medida ha recibido el apoyo, por ejemplo, de la Asociación de Municipalidades, con el argumento de que serviría para controlar a personas en situación de calle, pero asegurando que estas no serían multadas a menos de que ejerzan el comercio ambulante.

Junto con esta línea y posterior a las críticas, Karen Rojo anunció la creación de un Centro de Rehabilitación de Drogas y Alcohol para personas en situación de calle.

Desde la otra vereda, el Gobierno, en la voz del ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, ya advirtió que estas normas podrían revertir un carácter inconstitucional, por discriminatorias.

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