El Séptimo Tribunal de Garantía de Santiago condenó a la pena de 5 años de libertad vigilada intensiva y al pago de una millonaria multa a cuatro exproveedores del Ejército por el delito de fraude al Fisco, en el denominado Caso Milicogate.
La fiscal de alta complejidad Centro-Norte, Ximena Chong, presentó esta mañana una acusación en contra de Raúl Fuente Quintanilla y su hijo, César Fuentes Campusano, también respecto de Francisco Huincahue y Pedro Salinas.
La acusadora llegó a la convicción que, a más de un año de formalizada la causa, los civiles imputados se concertaron con exfuncionarios del Ejército para simular la entrega de servicios y pertrechos para obtener, de manera ilegal, fondos de la Ley Reservada del Cobre.
Tras leer la acusación, los imputados en este caso también reconocieron materia de la acusación y los hechos redactados en el documento por lo que, en definitiva, el Tribunal decidió condenarlos por el delito de fraude al Fisco.
En este caso, donde se estima un monto defraudado de más de siete mil millones de pesos, se les atribuye a los civiles facilitar el dinero desde la institución, por más de mil millones de pesos cada uno.
La fiscal Chong dijo que era importante obtener esta condena, en la que se estableció que los imputados no eran los receptores finales de los montos desviados. Esa indagatoria está a cargo de una ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago.
“Pudimos esclarecer cual era el nivel de participación que ellos tenían, la inexistencia de los servicio prestados y, creemos, que esta condena, además, fortalece las imputaciones que se encuentra investigando la Justicia militar, respecto de los funcionarios del Ejército que son a quienes les asiste, a nuestro juicio, la mayor responsabilidad y el mayor reproche, atento a que ellos eran los funcionarios públicos que tenían a cargo los fondos que, en definitiva, fueron objeto de la defraudación“, sostuvo Chong.
Eso se sostiene en la causa penal, y también en la causa que está a cargo la ministra en visita, ya que se asegura que estos civiles habrían facilitado facturas por servicios no prestados y que, en definitiva, no se habrían quedado con el total de los dineros desviado desde la institución.
“En manos de nuestro cliente no llegó dinero. Abrimos nuestras cuentas corrientes, que se investigara toda nuestra situación para establecerlo así y tan es cierto que nadie haya podido decir, concretamente, que se haya recibido alguna parte de esos fondos”, indicó el abogado Cristián Arias, defensor del ahora condenado, Pedro Salinas.
Esta causa no se acaba con la condena obtenida por un procedimiento abreviado, ya que, además, la fiscal Chong comunicó en el Tribunal, a mediodía, la separación de la investigación, pero de la arista por delitos tributarios luego que el Servicio de Impuestos Internos se querellara contra los civiles y de los exfuncionarios militares.
