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INDH cuestiona la prisión de machi Linconao: pide considerar rol espiritual y Convenio 169

ARCHIVO | Agencia UNO
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El Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos se refirió a la situación de la machi Francisca Linconao, quien se encuentra en prisión preventiva por el caso Luchsinger-Mackay.

La machi cumplió el domingo 10 días en huelga de hambre líquida, luego que la Corte de Apelaciones de Temuco ordenara por cuarta vez su ingreso a la cárcel.

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A través de un comunicado, INDH insistió en que el uso de la prisión preventiva debe ser compatible con el principio de presunción de inocencia y el derecho a la libertad personal, reconocidos tanto en la Constitución Política como en los Tratados Internacionales que han sido ratificados por Chile.

En este contexto, sostienen que los requisitos y modalidades que establece la ley para que un imputado obtenga su libertad, “no pueden ser interpretados en términos tales de tornarla en inalcanzable antes de que se pronuncie la sentencia final”.

El Instituto de Derechos Humanos señaló que el artículo 10 N° 2 del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo, indica que cuando los tribunales se pronuncien sobre cuestiones penales que involucren a miembros de pueblos indígenas deben dar “preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento”.

El escrito agrega que la machi Linconao lleva nueve meses en prisión preventiva y que “no ha podido obtener su libertad debido a que los jueces de la I. Corte de Apelaciones de Temuco no han logrado la unanimidad de votos requerida por la Constitución para otorgársela”.

Agrega que a esto se suma que la privación de libertad de la machi se ve agravada por su delicado estado de salud. Motivo por el que ha debido permanecer internada en diversos recintos hospitalarios de la región de La Araucanía, lo que “interfiere con el rol espiritual que ostenta en su comunidad”.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos llamó a las autoridades a avanzar en el reconocimiento jurídico y en la adopción de políticas públicas tenientes a hacer efectivos los derechos de los integrantes del pueblo mapuche y de todos los habitantes de las regiones involucradas.

En ese sentido, destacó la necesidad de “establecer canales de diálogo entre la autoridad y todos los y las ciudadanas de la región, que permitan avanzar hacia la convivencia pacífica y armónica entre quienes habitan en ella”.

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