Esta mañana los ex controladores del holding Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín buscarán rebajar la firma quincenal y el arraigo nacional en una nueva audiencia de revisión de precautorias en el Centro de Justicia.
A cuatro meses del cierre de la investigación, en la última etapa del caso Penta, los imputados piden las últimas diligencias y la rebaja de las cautelares que cumplen en una indagatoria que comenzó hace dos años.
Los principales imputados en esta causa -quienes habrían generado, según el Ministerio Público, todo un sistema para la evasión tributaria y el financiamiento ilegal de la política- los imputados, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, intentarán nuevamente quedar sin precautorias en su contra.
La revisión de medidas cautelares que solicitó el defensor de Délano y Lavín, el abogado Julián López, será revisada en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, bajo el argumento del extenso período de tiempo que transcurrió desde la formalización el año pasado.
Otras defensas también opinan que se ha extendido de forma innecesaria la indagatoria.
Así lo afirmó el defensor del ex funcionario del SII, Juan Martínez, el abogado Ramón Sepúlveda quien además sostiene que su representado no fue autor de los delitos de cohecho que se le imputaron.
La defensa de Martínez sostiene -al igual que la defensa de Délano y Lavín- que la prioridad es llegar a un juicio oral para acreditar inocencia.
De todas formas aún existen dudas sobre los caminos que adoptarán los imputados. El abogado del ex contador de Penta, Marcos Castro, Rodrigo de la Barra, dijo que aún no está clara la comisión del delito de soborno de su representado para lo cual pidieron además nuevas diligencias.
En este tipo de delitos -de corrupción- ahora la fiscalía cuenta con un nuevo medio de prueba como son las medidas intrusivas de interceptaciones telefónicas, aplicables al soborno y cohecho.
Ello luego del criterio que estableció la 12° sala del tribunal de alzada capitalino, que dio luz verde al uso de las escuchas telefónicas en su resolución que anuló de forma parcial el juicio por cohecho internacional respecto del general en retiro Víctor Lizárraga en la arista Famae del caso Fragatas.
El fiscal de alta complejidad oriente, Carlos Gajardo, explicó que ahora podrán incorporar en las investigaciones por corrupción este tipo de medidas intrusivas, ya que se reconocen penas de crimen para el delito de soborno y cohecho.
Hasta ahora la fiscalía podía acreditar el cohecho y soborno -como en el caso Penta- mediante el uso de pruebas contenidas, por ejemplo, en correos electrónicos. Con la validación de los pinchazos telefónicos, sin embargo, el Ministerio Público podrá generar evidencia más contundente para acreditar delitos de corrupción.
