El Parlamento regional de Cataluña, dominado por los separatistas, aprobó este miércoles los presupuestos para 2017, que prevén “habilitar partidas” para celebrar un referendo de independencia de España.
La medida aparece contemplada en una enmienda promovida por el pequeño partido anticapitalista CUP. Fue aprobada con 72 votos a favor, del total de 135 escaños con que cuenta la cámara.
La enmienda señala que el gobierno de esta región española “ha de habilitar partidas para garantizar los recursos necesarios en materia de organización y gestión, para hacer frente al proceso referendario sobre el futuro político de Cataluña”.
Actualmente, Cataluña está gobernada por una coalición partidaria de la independencia, Juntos por el Sí.
El presidente del ejecutivo catalán, Carles Puigdemont, ha prometido celebrar un referendo sobre la independencia hacia septiembre de este año, con o sin la aprobación del gobierno español de Mariano Rajoy, que ha dicho desde ya que no permitirá semejante consulta.
La coalición gobernante no tiene sin embargo mayoría en la cámara catalana, y para sacar adelante los presupuestos necesitó el apoyo de la CUP, que puso como condición incluir una partida para el referendo. De esta forma, los presupuestos salieron adelante con 64 votos favorables, 62 en contra y siete abstenciones.
La enmienda de la CUP prosperó a pesar de la intensa batalla jurídica en la que andan enfrascados varios dirigentes catalanes por sus proyectos independentistas.
El 9 de noviembre de 2014, por iniciativa del gobierno dirigido entonces por el nacionalista Artur Mas, se celebró una consulta sobre la independencia que no tenía valor vinculante y había sido prohibida por la justicia española.
La consulta le costó a Artur Mas una condena a dos años de inhabilitación por desobediencia, según una sentencia conocida la semana pasada y que será recurrida por el interesado.
También por esa consulta fue procesado ante el Tribunal Supremo otro dirigente de la época, el ex portavoz del gobierno regional Francesc Homs.
Este mismo miércoles se supo que Homs ha sido condenado a un año y un mes de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos electivos y de funciones de gobierno, así como a una multa de 30.000 euros, “por un delito de desobediencia grave”, según indicó el Tribunal Supremo.
