El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, abrió este sábado un diálogo para reformar los aumentos decretados al sistema de pensiones que continuaban provocando violentas protestas, con un saldo de 10 muertos, heridos, destrucción y saqueos.

El gobierno está de “totalmente de acuerdo con retomar el diálogo para la paz, para la estabilidad para el trabajo, para que nuestros país no esté en medio del terror que se está viviendo en estos momentos”, afirmó Ortega en cadena televisiva nacional.

El mandatario no dio fecha para inicio del diálogo, propuesto el viernes por el gremio empresarial, pero dijo que sus representantes están listos para “discutir ese decreto” que entró en vigor el miércoles y hacer ajustes o redactar uno nuevo si es necesario.

Pero también denunció, sin precisar nombres, que las protestas son alentadas por grupos políticos críticos de su gobierno y que reciben financiamiento de sectores extremistas de Estados Unidos.

Lo hacen para “sembrar el terror, sembrar, la inseguridad”, “destruir la imagen de Nicaragua, tras “11 años de paz” y “tomar el gobierno”, fustigó.

Nuevos choques

Tras el discurso del mandatario, el primero desde que el miércoles iniciaron las virulentas manifestaciones, cientos de jóvenes nuevamente chocaron de manera violenta con policías antimotines en la capital.

Con los rostros cubiertos con camisetas, los jóvenes levantaron barricadas sobre las calles y lanzaron piedras a los policías que los reprimían con gases lacrimógenos.

“¡Si así es que piensa el gobierno que se arreglan las cosas, así va a hacer!”, dijo enardecido un joven.

También hubo focos de tensión en la Universidad Politécnica, uno de los bastiones de los manifestantes, mientras cientos de ciudadanos se concentraron el sur de la capital para protestar.

El presidente “perdió la oportunidad de pedir perdón y rectificar. Había expectativas y las defraudó”, comentó Gerardo González en las redes sociales.

Las protestas, unas de las más violentas en los 11 años de gobierno de Ortega, estallaron debido al aumento de las cuotas patronales y laborales que buscan saldar un millonario déficit del seguro social, lo que se sumó a un descontento generalizado por la situación económica en el país, según analistas.

Soldados armados con fusiles salieron la noche del viernes a custodiar instituciones en Managua, así como en la norteña ciudad de Estelí, debido a fuertes disturbios, informó el gobierno en su sitio web.

En Managua fueron dañados el Ministerio de Juventud, el edificio del Seguro Social, la Universidad de Ingeniería y la oficialista Radio Ya.

En las ciudades de León y Masaya hubo “quema de vehículos particulares, saqueo y destrucción de edificios públicos” y robos en centros comerciales, denunció el gobierno.

Mientras, la oposición informó de la quema parcial, en la noche del viernes, de Radio Darío en la ciudad de León.

“La respuesta ordinaria y violenta de las autoridades a estas demostraciones tiene implicaciones profundamente perturbadoras para derechos humanos en Nicaragua”, advirtió Amnistía Internacional en una nota.

La gente pide cambios

“No se había visto esto desde hace años en Nicaragua”, comentó el analista y exembajador de Nicaragua ante la OEA y Estados Unidos, Carlos Tünnermann.

A su juicio, que las protestas se hayan dado “en casi todas las ciudades del país, en todas las universidades y que hayan sido reprimidas con violencia por el gobierno, significa que hay un malestar de la población, no sólo por las reformas, sino por la forma en que se ha conducido el país”.

Según expertos, la población ha soportado en silencio el encarecimiento de la vida por las constantes alzas de los combustibles, de las tarifas de luz, despidos en el sector público y reducción de beneficios sociales a raíz de la caída de la cooperación venezolana.

“El reclamo central de la gente es que ya no quieren este gobierno, hay un rechazo total hacia este gobierno”, coincidió el sociólogo y académico universitario Cirilo Otero.

“Las protestas han sido encabezadas por jóvenes que han recogido ese malestar que la gente siente por la crisis económica, la represión al derecho de manifestación, de expresión y los muertos que han dejado las manifestaciones”, agregó.

Las reformas buscan saldar un déficit de más de 76 millones de dólares que enfrenta el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) por recomendación del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Ortega, quien gobernó por primera vez durante la revolución que el Frente Sandinista (FSLN, izquierda) en la década de los 80, retornó al poder en 2007 y fue reelecto en 2011 y en 2016 en medio de denuncias de procesos electorales amañados, según la oposición.