En época de crecimiento nulo de los recursos, la única manera de crecer es que otro se achique, ojalá se diera lo narrado en el Evangelio y se multiplicaran los panes.
Por eso, es esperable que florezcan grupos de presión que representan posiciones semejantes porque responden al alineamiento de los grupos de interés. Esto también se ha dado en el ámbito del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch) que congrega a una variada gama de instituciones, desde el punto de vista de su calidad, prestigio, acreditación, tamaño, etc.
Al interior del Cruch se han definido diversas agrupaciones, que reflejan los múltiples intereses existentes y que se presentan como conglomerado, de acuerdo sobre un determinado tema a tratar; habitualmente se trata de justificar por qué los miembros de ese grupo merecen mayor apoyo financiero del Estado.
Cuento seis, salvo que se me escape uno nuevo.
1.- El conjunto de todas las universidades miembros, que en ciertas materias se unen. Son 25.
2.- El Cuech. Estatales, autodefinidas como las únicas que podrían cumplir funciones públicas. Son 16.
3.- El G9. Privadas, recientemente autodefinidas como universidades con “vocación pública”. Son 9.
4.- El grupo de Universidades Regionales. Mezcla de las anteriores. Son 20.
5.- Las Universidades Católicas del Cruch. Son 6.
6.- Las universidades privadas laicas del Cruch. Son 3. Según la Ministra de Educación también cumplen funciones públicas, y podrían estatizarse.
En términos de estudiantes, las universidades del Cruch hoy matriculan a menos de la mitad de los estudiantes universitarios chilenos, recibiendo del fisco, por todos los conceptos distintos a ayudas estudiantiles, el 97% del gasto total que el Estado destina a las universidades del país. En cuanto a ayudas estudiantiles las universidades del Consejo de Rectores reciben el 84% del aporte total que hace el Estado.
Claramente, el esfuerzo que el país hace en financiar a esas instituciones es mucho mayor que el que hace para apoyar a los estudiantes de las universidades privadas fuera de ese Consejo. Ese es un hecho, no un juicio de valor. Puede estarse de acuerdo o no, pero no es razonable sostener que los recursos fiscales se orientan en mayor medida hacia las universidades privadas fuera de ese Consejo.
De acuerdo al informe de la Contraloría sobre financiamiento fiscal a la Educación Superior, el año 2015 se destinaron M$1.543 millones como financiamiento fiscal total a estudiantes e instituciones.
De ellos, un 33,5% fue a las universidades estatales, un 26,6% a las universidades privadas del Cruch, un 24,7% a los estudiantes de las universidades privadas fuera de él, un 10,8% a los IP, y un 4,3%a los CFT. Es decir, un 60,1% del total de los recursos fiscales que se transfieren a las instituciones o que benefician a estudiantes va a las universidades del Consejo de Rectores.
Es lamentable que no se observen las cifras oficiales disponibles para plantear las visiones, naturalmente legítimas y necesarias de considerar.
Más lamentable es que, debido a la falta de crecimiento de los recursos fiscales, todos en el sistema hemos destinado nuestra mayor energía a organizar esos grupos, a analizarlos, a hablar de si es justa o no la asignación de ellos. Sobre la calidad y el futuro, casi nada.
Hugo Lavados Montes
Rector Universidad San Sebastián
