Fue a eso de las 09:30 cuando comenzó la sesión extraordinaria en el municipio de Osorno. Seis de los ocho concejales en ejercicio presentes, pues ni Víctor Bravo y Osvaldo Hernández acudieron por razones familiares.

Tras una corta presentación de argumentos, finalmente la votación se inclinó por cuatro a tres en favor de Servitrans, por lo que finalmente se adjudicó y con ello renovó el contrato por cinco años más, con un pago total de 11.000.000.000 de pesos a partir de octubre.

El alcalde de Osorno, Jaime Bertín, destacó el cierre del proceso, en el cual aseguró ser imparcial, aún cuando votó a favor de Servitrans.

Según dijo, lo importante era cerrar la licitación de acuerdo a los criterios técnicos establecidos por las bases creadas por la comisión técnica, de la cual dijo no dudar de su probidad.

De todos modos aprovechó de criticar la oposición de los concejales.

En el bando de los que votaron en contra de la adjudicación a Servitrans se encuentra Daniel Lilayu, concejal de la UDI, quien sostuvo que dado el nivel de cuestionamientos la licitación debió dejarse en cero y comenzar una nueva.

Por su parte, el concejal PPD Juan Carlos Velásquez anunció que llevará el tema hasta la Fiscalía Nacional Económica para que verifique la probidad del proceso y para investigar la existencia de monopolio en la recolección de basura.

Sin embargo, la sorpresa fue generada por la ausencia del concejal DC Osvaldo Hernández, uno de los más activos opositores al proyecto, quien en varias ocasiones argumentó que Servitrans presentaba varias denuncias en la Inspección del Trabajo, antecedentes que por bases no fueron considerados.

Razones personales y familiares complicaron su llegada a la sesión extraordinaria, aunque hay que reparar que sí arribó al municipio, pero llegó minutos tarde, cuando la reunión ya había comenzado y no podía sumarse.

Respecto a las denuncias por problemas con sus trabajadores por parte de Servitrans, el jefe comunal explicó que el municipio no tiene por qué sumar como requisito el respeto a las leyes laborales dentro de las bases de una licitación, pues para eso está la Inspección y los Tribunales. Si hubiese algún fallo al respecto la situación cambiaría, explicó, pero hasta la fecha eso no es así.

Según informaron, la empresa en cuestión se adjudicó la licitación pese a que se mantiene en conflicto con el Gobierno Regional por el relleno sanitario en Curaco, en el cual sólo alcanzó un 43% de avance. De acuerdo a Bertin, ambos temas no deben mezclarse.