La Corte de Apelaciones de Arica acogió el recurso de amparo presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la Defensoría Penal Pública, en representación de 25 internos de la cárcel de Acha que denunciaron hacinamiento e insalubridad al interior del penal.
Ante lo cual y en fallo unánime, la Segunda Sala del Tribunal de Alzada sentenció que la Dirección Regional de Gendarmería disponga una serie de medidas para lograr una mejor redistribución de los internos en los módulos del penal.
El documento judicial detalló que “(…) la privación de libertad, dispuesta conforme lo autoriza el orden jurídico, requiere de condiciones mínimas de espacio y salubridad, y con mayor razón cuando se trata de celdas compartidas por un número de internos que excede ostensiblemente la capacidad de la misma, como se constató en las visitas efectuadas a los pisos 2 y 3 del Módulo UCE del recinto carcelario (…)”.
En el mismo marco, el fallo ordenó “proveer de frazadas y de colchonetas a los internos del Módulo UCE que no cuenten con éstas” y autoriza a Gendarmería para “solucionar a la brevedad el suministro de agua potable, evacuación de aguas servidas y suministros de electricidad, en el mentado módulo, para que los internos cuenten con condiciones mínimas de salubridad y habitabilidad”.
Finalmente, el documento determinó que Gendarmería gestione “a la brevedad los procesos administrativos pertinentes en orden a contratar un servicio de control de plagas y que de una solución efectiva a dicho problema”.
El Tribunal de Alzada sostuvo que el Complejo Penitenciario de Arica fue proyectado para albergar a 1.900 internos, sin embargo en el recinto cumplen condena cerca de 2.100 personas.
