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Comisión del Milicogate citará a generales por borrado de información de servidores

Pablo Vera | Agencia Uno
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Por más de 40 minutos, el Comandante en Jefe del Ejército, Humberto Oviedo y el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, se reunieron en la sede del Poder Judicial, en medio de los nuevos antecedentes revelados en el Caso Milicogate, respecto al borrado de datos de los servidores del Ejército.

Terminada la cita, la máxima autoridad de la institución se retiró sin dar declaraciones.

Las nuevas revelaciones salen a la luz en medio de la investigación por el desfalco de más de .600 millones, correspondientes a la Ley Reservada del Cobre.

Ayer, en su segunda declaración ante la comisión investigadora de la Cámara, el General (r) Héctor Ureta, aseguró que se perdió una gran cantidad de documentación de los servidores del Comando de Apoyo de la Fuerza, que contenía, a juicio de él, información “sensible” para la indagatoria.

Ureta precisó que el borrado de equipos se produjo cuando el coronel Clovis Montero y el Cabo Rojas, imputados en el caso, ya se encontraban detenidos.

El General (r) relató la forma y el proceso como se realizó la eliminación de datos.

Por su parte, el diputado y presidente de la comisión, Jaime Pilowsky, adelantó a la instancia serán invitados todos los generales que estuvieron en el mando del Comando de Apoyo de la Fuerza, para que aclaren las razones por las que fallaron los servidores de la institución en el caso, sobre todo, subrayando que el borrado se hizo en medio de la indagatoria.

En la arista penal, que investiga la fiscal Ximena Chong, mañana la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revisará las medidas cautelares ordenadas contra los ex proveedores del Ejército, Francisco Huincahua , Raúl Fuentes Quintanilla y César Fuentes Campusano. Los tres quedaron con arraigo nacional y firma mensual.

La apelación fue presentada por el Consejo de Defensa del Estado, esperando agravar e intensificar las medidas precautorias en contra de los imputados, como la prisión preventiva que pide el organismo, argumentando que son las únicas medidas acordes para la gravedad del delito formalizado.

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