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SQM suma nueva causa judicial: trabajadores se querellan por entrega fraudulenta

ARCHIVO | Agencia UNO
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Soquimich, la empresa controlada por Julio Ponce Lerou, sumó una nueva causa judicial a su nutrido historial de querellas, sanciones e investigaciones. El Sindicato Número 2 de SQM Salar presentó una querella criminal por entrega fraudulenta, lo que habría provocado no sólo un perjuicio económico a los trabajadores, sino que también al Estado.

Hasta 5 años de cárcel arriesgan Patricio Contesse y Patricio de Solminihac, el ex y el actual gerente de SQM Salar, por el delito de entrega fraudulenta, según la querella criminal presentada por el Sindicato Número 2 de la empresa.

Los trabajadores aseguran que, desde 2010 y hasta la semana pasada, SQM Salar exportó salmuera en lugar de carbonato de litio, lo que no está permitido, de acuerdo al contrato de explotación del Salar de Atacama, firmado con Corfo.

La abogada del Sindicato 2 de SQM Salar, Bárbara Salinas, sostuvo que aún falta determinar el perjuicio económico para los trabajadores, por un bono de producción que no recibieron; y para el Estado chileno, por concepto de menor recaudación tributaria. Además, establecer mayores responsabilidades.

El encargado de Relaciones Internacionales de la Confederación Metalúrgica, Miguel Soto, explicó que los trabajadores ya entregaron los antecedentes a la Corfo. El dirigente calificó el comportamiento de SQM Salar como “abusivo”.

La querella por entrega fraudulenta se suma a un largo historial de denuncias e investigaciones que exhibe la empresa controlada por Julio Ponce Lerou, entre ellas, la investigación penal por financiamiento ilegal de la política, las multas de la SVS; y el litigio por el contrato de explotación del Salar de Atacama.

El vicepresidente ejecutivo de la Corfo, Eduardo Bitrán, adelantó que la corporación estudia un nuevo arbitraje. Se habla de un “contrato de proyecto” similar al de extracción en el norte.

En enero del próximo año termina el período de prueba del litigio entre SQM y la Corfo, por el Salar de Atacama. Luego comienza la evaluación del árbitro.

Esa resolución será clave para iniciar acciones penales, respaldadas por el Consejo de Defensa del Estado. Igual de importante será la resolución de Contraloría sobre Rafael Guilisasti, que podría derivar en acciones civiles, administrativas o penales, según han confirmado en la Corfo.

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