Durante la mañana de este viernes fueron dados a conocer antiguos pagos realizados por la familia Said a los parlamentarios Fuad Chahín (DC) y Gonzalo Fuenzalida (RN), quienes han participado en comisiones de interés para el grupo empresarial y que además son parte de la Comisión Investigadora por el caso Penta.

Se trata de pagos realizados en 2009 por Inversiones Caburga S.A. -sociedad de inversión de los Said- a los parlamentarios, con cifras de $5.561.111 para Chahín y $1.116.677 para Fuenzalida, según indica El Mostrador.

Eso sí, el dinero llegó a ambos antes ser electos, cuando aún se desempeñaban como particulares y realizaban trabajos para esta sociedad de inversiones que si bien niega ser parte de la investigación de Fiscalía, de todas formas tiene informes dentro de la carpeta investigativa que maneja el Ministerio Público.

En el caso de Chahín, se trata de servicios que prestó entre 2006 y 2009, cuando no era parlamentario y trabajaba como como abogado en los estudios jurídicos Arévalo y Cía. y más tarde en Abdala y Cía.

Chahín, que llegó al Congreso en marzo de 2010, reconoce los pagos y los servicios prestados, descartando que el dinero fuese para su campaña, según declaró al medio electrónico.

Mientras tanto en el caso de Fuenzalida, también explicó que fue un trabajo de revisión de estructurales legales prestado a una persona natural, mientras aún ejercía como abogado y meses antes de comenzar su campaña política, por lo que descartó que las cifras que superaban por poco el millón de pesos fueran a parar en su campaña.

Pero en este caso la crítica implícita de la publicación (lee el artículo completo de El Mostrador aquí) apunta a la participación de los parlamentarios en comisiones de interés para el grupo Said, que a la vez participa en empresas como Parque Arauco, Embotelladora Andina y el banco BBVA. En esta línea es importante recordar que Chaín ha estado en las comisiones de Economía y en la de Constitución, legislación, justicia y reglamento.

Más aún, la mirada fue puesta en el parlamentario DC luego de que éste participara de la polémica iniciativa que buscaba permitir el aporte de empresas a las campañas políticas, a través de una indicación a la Ley 18.700, reflejada en el artículo 33 bis.

“El aporte máximo anual en dinero que cada persona natural natural o jurídica podrá efectuar a partidos políticos, estén o no afiliados a ellos, no podrá exceder las 500 UF al año”, señala la modificación.

Lo anterior pese a la visión del Gobierno, que se ha manifestado en contra de esta situación y ha optado por el camino de eliminar todos los aportes de empresas a las campañas políticas.

Recordemos que los diputados que impulsaron esta modificación intentaron explicar la situación, asegurando que la medida apunta a permitir que los parlamentarios que tienen empresas asociadas, pero externalizadas a los partidos, que fueron creadas para autofinanciarse como el caso de algunas inmobiliarias, puedan inyectar recursos en sus campañas.

¿Cuál es el problema entonces?, que en la modificación no se especificaba que se permitieran aportes de las empresas de los partidos políticos, sino que sólo apuntaba a empresas como persona jurídica con un tope de aporte anual.