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El escándalo de corrupción en Petrobras sacude a Brasil

ARCHIVO | Sérgio Vale | Secom
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La luz verde otorgada por la Corte Suprema de Brasil a la fiscalía para investigar a decenas de políticos en el marco del histórico escándalo de corrupción que estalló en la estatal Petrobras hizo temblar la coalición de gobierno y amenaza la economía del país más grande de Sudamérica.

Tras una jornada de gran tensión en el centro político de Brasilia, la lisa revelada en la noche del viernes impresiona: 49 personas citadas, 47 de ellas autoridades en funciones o que ejercieron cargos en el pasado.

Los 12 senadores y 22 diputados actualmente en el cargo proceden de cinco partidos, tres de los cuales forman parte de la colación gobernante.

Entre ellos están los presidentes del Senado, Renan Calheiros, y de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, ambos pertenecientes al partido centrista PMDB, ineludible para gobernar y aliado clave del gobierno de Rousseff.

El PMDB sale debilitado y dividido de la ya conocida como “lista Janot”, y con una parte de sus miembros acercándose a la oposición, lo que multiplica las dificultades de la presidenta para aprobar sus proyectos en el Congreso.

Según la fiscalía, los políticos citados recibían propinas semanales, quincenales o mensuales y las investigaciones revelaron los “comportamientos de una organización criminal compleja”.

El fiscal general de la República, Rodrigo Janot, quiere determinar las responsabilidades en este inmenso escándalo de contratos sobrefacturados con empresas, de propinas y posterior lavado de dinero que habría ocasionado pérdidas de 4.000 millones de dólares en 10 años al gigante petrolero Petrobras, una de las empresas insignia del país controlada por el Estado y que hasta hace poco era el “orgullo nacional” de Brasil.

Campaña bajo la lupa


La fiscalía investigará también la financiación de la campaña de Rousseff en 2010, cuando sucedió en el cargo al presidente Luiz Inacio Lula da Silva, su padrino político.

El nombre de Antonio Palocci, ex ministro de Finanzas de Lula y exjefe de gabinete de Rousseff (en 2011), apareció en las delaciones de los presos que colaboran con la policía con la esperanza de conseguir una reducción de sus penas.

Palocci habría recibido, según ellos, 700.000 dólares para la campaña de Rousseff de parte de operadores financieros de la red corrupción tejida en el seno de Petrobras.

El ministro brasileño de Justicia, José Eduardo Cardozo, convocó este sábado una rueda de prensa en Sao Paulo para corregir ciertas informaciones “erróneas”, según él, aparecidas en la prensa, que afirmaban que Rousseff no iba a ser investigada por la fiscalía por estar protegida por su cargo.

Su nombre nunca apareció en la lista de Janot y “no hay nada que haya sido rechazado a propósito de la presidenta, ya que no hay hechos ni indicios contra ella”, en el informe de la fiscalía, reiteró el ministro.

¿País paralizado?

Por el momento, todos los sospechosos niegan las teorías de la fiscalía y aseguran que se les está condenando antes de tiempo.

Las futuras decisiones de la Justicia podrían, sin embargo, tener consecuencias imprevisibles para Brasil, según los analistas.

“¿El caso de corrupción en Petrobras va a paralizar al país?”, se pregunta el semanario económico Exame, sobre todo ahora que otros sectores de la economía brasileña están preocupantemente ralentizados.

Además de Petrobras, una treintena de grandes empresas, muchas de ellas constructoras, están implicadas en el escándalo, lo que ha generado la suspensión de obras en curso, así como la cancelación o revisión de líneas de crédito y contratos.

La situación amenaza igualmente al ajuste presupuestario que pretende relanzar el gobierno para relanzar el crecimiento en una economía que viene desacelerándose en los últimos cinco años.

El crecimiento del PIB en 2014, que se conocerá a final de marzo, será próximo a cero o incluso negativo, como ya reconoció el ministro de Economía, Joaquim Levy.

El martes por la noche, el presidente del Senado, Renan Calheiros, descontento después de que su nombre se filtrara a la prensa (antes de la divulgación oficial de la lista el viernes) rechazó contra todo pronóstico una medida clave para el ajuste presupuestario previsto por el gobierno, con la que se ponía fin a las ventajas fiscales de los empresarios.

El gesto fue interpretado por los analistas como una “declaración de guerra” del legislativo al ejecutivo.

El PMDB es la primera fuerza política del Senado y la segunda en la Cámara de Diputados, sólo por detrás del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) de Dilma Rousseff y Lula, en el poder desde hace doce años.

El efecto sobre la imagen pública de los políticos que serán objeto de una investigación no puede más que agravar la relación entre el PT y el PMDB, del que Rousseff necesita para gobernar, en un momento en que la propia presidenta ve desplomarse su popularidad en 19 puntos hasta el 23%, según una encuesta realizada en febrero por Datafolha.

“La lista ha sido una puñalada en el corazón del PMDB. El partido debe repensar su estrategia de acción. No es el momento de conflictos, ni para el PMDB, ni para el gobierno. La solución es un pacto”, opinó este sábado Marly Motta, historiadora de la Fundación Getulio Vargas, citada por el diario O Globo.

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