Dos comisiones del Senado argentino comenzaron el martes a debatir la disolución de la Secretaría de Inteligencia (SI), proyecto de la presidenta Cristina Fernández en reacción a las oscuras maniobras vinculadas con la muerte del fiscal que investigaba el atentado contra la mutual judía en 1994.

La iniciativa crea una nueva Agencia Federal de Inteligencia (AFI), sin el poder que tenía la SI en las escuchas telefónicas ni tampoco su influencia sobre los casos de perfiles políticos que se ventilan en los tribunales.

El secretario del SI, Oscar Parrilli, nombrado en diciembre pasado cuando Fernández desplazó a la cúpula del organismo, defendió el proyecto y lamentó que la oposición se hubiera retirado del recinto para manifestar su desacuerdo.

Los principales bloques de oposición consideran que Fernández intenta en este momento desviar el eje de la discusión sobre la misteriosa muerte del fiscal Alberto Nisman, el pasado 18 de enero, cuatro días después de denunciar a la presidenta de encubrimiento de sospechosos iraníes en la causa por el atentado contra el centro judío AMIA.

La AFI se enfocará en “delitos federales complejos como terrorismo, narcotráfico, trata de personas” pero insistió en que no hará tareas de inteligencia interior “salvo que esté en riesgo la seguridad del país”.

Los senadores de la oposición anticiparon que no estarán presentes en el Senado -controlado por el oficialismo- cuando se debata el proyecto.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), ONG dedicada a la defensa de derechos humanos, apoyó la reforma por quitarle poder a los espías, pero advirtió que “no se reformula la relación promiscua que existe con la justicia federal”.

El CELS dijo que crear la AFI es quedarse “a mitad de camino en la incorporación de controles políticos, parlamentarios y judiciales a las tareas de inteligencia”.

Temor a los espías

La razón de por qué ahora el kirchnerismo lanza la reforma tras 12 años en el poder es que sospecha una venganza de exfuncionarios de la SI echados el 17 de diciembre pasado.

Según el gobierno, agentes despedidos “armaron” una denuncia contra Fernández por supuesto encubrimiento de los iraníes acusados por el ataque a la mutual judeo-argentina AMIA en Buenos Aires, con saldo de 85 muertos y 300 heridos.gobierno, fue llevada a Nisman por agentes de la SI, algunos de ellos caídos en la purga de fin de año.

El cadáver de Nisman fue hallado en su apartamento con un disparo en la cabeza el 18 de enero, en una causa caratulada “muerte dudosa”.

Bajo el respaldo del ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007), el fiscal acusó en 2004 a ex gobernantes iraníes, en un caso aún sin esclarecer.

Argentina logró que Interpol aprobara el pedido de captura de nueve acusados, entre ellos el ex presidente iraní Ali Rafsanjani y la denuncia recibió el apoyo de Estados Unidos e Israel.

Agentes argentinos de inteligencia, con la colaboración de servicios secretos de Estados Unidos e Israel, proveyeron a Nisman de datos para acusar a los iraníes.

Pero en 2011, la presidenta y esposa del fallecido expresidente firmó un acuerdo con Irán para llevar al banquillo de los acusados a los exgobernantes.

Rechazo opositor

El convenio fue rechazado por dirigentes de la colectividad judeo-argentina por considerar que Teherán no la cumpliría e incluso Nisman se opuso terminantemente.

La oposición venía reclamando en forma unánime una reforma en los desacreditados servicios de inteligencia, pero ahora se opone.

El senador opositor socialdemócrata Luis Juez dijo en rueda de prensa que “todos los gobiernos los utilizaron (a los agentes) para negocios inconfesables”.

Una marcha de sectores de izquierda fue convocada para el miércoles para reclamar una comisión independiente que investigue todos los casos.

El gobierno confía en que la creación de la AFI sea aprobada en menos de un mes, con la mayoría que dispone en ambas cámaras.