Los ministros de Energía de la Unión Europea (UE) alcanzaron este viernes un acuerdo político para reducir la parte de los biocombustibles en el sector de los transportes y así mitigar el impacto negativo en la producción de alimentos, pero los críticos dicen que el techo sigue siendo muy elevado.

Según el acuerdo alcanzado por los ministros, el objetivo fijado de biocombustibles de primera generación, aquellos producidos con cereales u oleaginosas, será de 7% en los transportes para 2020, modificando así el techo de 10% que había fijado la UE en 2009.

La Comisión había propuesto un techo de 5% pero se conformó con el acuerdo alcanzado por los ministros estimando que era mejor “esto que no tener ninguna decisión”, según dijo el comisario de Energía Günther Oettinger.

El acuerdo alcanzado pasará ahora al Parlamento Europeo, que la legislatura saliente había limitado el objetivo a 6%.

En una declaración común, ocho Estados miembros, entre ellos Francia, Polonia, España, Rumania y Hungría, indicaron que el nivel de 7% de biocombustibles para el transporte “es el mínimo aceptable” dado el “significativo impacto que tiene en las inversiones ya realizadas” por el sector.

Estos países expresaron en un comunicado que apoyarán la propuesta legislativas “sólo si este punto crucial (7%) no sufre nuevas modificaciones”.

El organismo que reagrupa a las empresas del sector, el European Biodiesel Board (EBB), celebró el acuerdo alcanzado por los ministros y manifestó su “total apoyo” a estos ocho países.

Sin embargo, para los críticos, el acuerdo es un “descarado ataque al sentido común”.

“En un mundo con hambre, dejar de utilizar la comida para hacer combustible no es lo más sensato”, reaccionó Marc-Olivier Herman, experto de biocombustibles de la organización Oxfam.

“Si la propuesta adoptada por los ministros no se cambia, los contribuyentes europeos seguirán pagando una factura multibillonaria por una política que alimenta el hambre, se apropia de las tierras y promueve la deforestación”, agregó.

Con respecto a los biocombustibles de segunda o tercera generación, aquellos producidos utilizando algas o desechos, los ministros convinieron “fomentar la transición (…) invitando a los Estados miembros a promover el consumo de tales combustibles”. Fijaron un objetivo como valor de base de 0,5%, pero no es vinculante.

Los ministros dejaron también expresa la preocupación que aumenta sobre los cambios indirectos en el uso de la tierra (ILUC por sus sigla inglés) e introdujeron la medición del impacto que tienen en la producción de biocombustibles.