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Diputados piden cambios al Sernac para que aplique multas millonarias a quienes no respeten derechos

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Los diputados Gabriel Silber (DC) y Daniel Farcas (PPD), pidieron al gobierno que presente un proyecto de ley para dotar de mayores facultades al Sernac para que pueda aplicar multas millonarias a quienes atenten contra los derechos de los consumidores.

Silber señaló que “hoy el Sernac es como un león sin dientes, que ruge, pero no asusta ni muerde, ya que las multas que aplica a quienes no respetan los derechos de los consumidores son bajas, no se ajustan a la actual realidad económico del país y no cumplen con su finalidad de disuadir el infracciones”.

El legislador de la Falange dio como ejemplo lo ocurrido en los casos de los organizadores de espectáculos públicos, como conciertos o partidos de fútbol, “que ponen en venta una cantidad de localidades superior a la capacidad del respectivo recinto, hoy son sancionados con multas con un tope de trescientas UTM, unos 12 millones de pesos, lo cual es un monto muy bajo considerando los millonarios montos que se mueven en torno a esos eventos”.

“En la misma línea, la publicidad falsa o engañosa difundida por medios de comunicación social es sancionada con un tope de 750 UTM, 32 millones de pesos y 1000 UTM, 42 millones de pesos, en caso que las cualidades publicitadas afecten la salud o la seguridad de la población o el medio ambiente”, declaró el diputado DC.

“Estos ejemplos nos demuestran la necesidad de que el gobierno envíe a la brevedad proyecto de ley que aumente drásticamente estos montos, para que quienes ofrecen productos y servicios lo piensen no 2, sino que 10 veces antes de no respetar los derechos de los consumidores”, indicó.

En tanto, el diputado PPD, Daniel Farcas dijo que “si bien es necesario que las multas tengan un tope establecido en la ley, es necesario que éstas incrementen, a efectos de que puedan disuadir la comisión de infracciones que perjudican a los consumidores”.

“Tampoco resulta aceptable que los plazos de prescripción de algunas de los abusos que sufren los consumidores sean de 6 meses, y creemos que la ley debiera comprender plazos más extensos, de al menos dos años”.

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