Un administrador provisional del Estado con facultad de intervenir en materias económicas y académicas, es lo que plantea crear el gobierno con una ley corta concebida para afrontar las eventuales crisis de los establecimientos educacionales.
Con el caso de la Universidad del Mar aún en la retina, se determinó optar por este camino para evitar el cierre de las instituciones. Una medida que busca minimizar los perjuicios de los estudiantes cuando se suscitan esta clase de situaciones.
Según consigna El Mercurio, el proyecto establece dos años prorrogables de administración ‘especial’ en los que el interventor deberá idear y poner en práctica un plan tendiente a solucionar las dificultades que se detecten, ya sea en universidades o colegios.
Precisamente, para el caso de la formación obligatoria la Superintendencia de Educación tendrá la facultad de activar esta facultad, en tanto que para las casas de estudios superiores corresponderá al Mineduc llevar adelante la determinación, aunque no sin antes consultar al Consejo Nacional de Educación.
La iniciativa será firmada el próximo lunes en dependencias del Palacio de La Moneda por la Presidenta Michelle Bachelet y el titular de Educación, Nicolás Eyzaguirre.
