Dirigentes de los funcionarios del Centro Cerrado del Sename en Coronel responsabilizaron a la dirección del recinto de la fuga de tres jóvenes ocurrida el pasado viernes, de los cuales aún no hay rastro.

Fueron tres los internos, de entre 14 y 18 años, que burlaron toda medida de vigilancia del personal del Sename y guardias de Gendarmería en el muro perimetral y escaparon del centro de reclusión ubicado en el sector del baipás de Coronel, a eso de las 3:00 de la madrugada del viernes.

Fue una fuga muy bien planificada; con la fabricación de una escalera artesanal, cuidadosamente enterrada en la huerta de trabajo. Además, el uso de las sábanas como soga y camas arregladas de manera que los monitores creyeran que los jóvenes dormían.

Del hecho se dio cuenta, inmediatamente, a las autoridades correspondientes, informó el director regional del Servicio Nacional de Menores, Robert Contreras.

Cumplían penas por robo y son originarios del Gran Concepción y también de la provincia de Ñuble, área por donde se despliega la búsqueda.

Los dirigentes de los funcionarios de este centro, Eric Rojas y Bernardo Neira, responsabilizaron a la dirección del recinto, a cargo de Pedro Marileo, por lo que a su juicio es una mala administración, al no disponer de elementos y personal suficiente para la custodia de los menores.

“Las luminarias no han sido mejoradas, no tenemos linternas, los educadores deben sacar plata de sus bolsillos para llevar linternas y llegar a los dormitorios. Esto ha sido señalado a nivel central durante los cuatro años de este gobierno de derecha, pero el gobierno de los mejores resultó ser el de los peores”, dijo el dirigente.

Aunque el director regional del organismo no defendió a Marileo, dijo que las responsabilidades serán establecidas en el sumario administrativo abierto.

Gendarmería ordenó una segunda investigación, lo que fue informado por el teniente Marco Vásquez, al dar cuenta del tipo de vigilancia implementada en el lugar.

Actualmente el centro de internación provisoria del Sename tiene una población de 60 menores y adolescentes, siendo la capacidad total para 120 infractores de ley.