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Informe de la Cámara Baja revela conjunto de falencias e “inseguridad jurídica” en Ley de Drogas

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El próximo lunes 20 de enero se expondrá en la sede Santiago del Congreso Nacional un informe con el resultado de la evaluación de la Ley 20.000, de Drogas, por parte de la Comisión Revisora de Leyes de la Cámara de Diputados, el cual detectó “inseguridad jurídica, vacíos que impiden su total aplicación y hasta falta de claridad”.

El diputado Pablo Lorenzini, presidente del comité, explicó que “este es un informe oficial de la Cámara, porque emana de una instancia también formal, que cuenta con el respaldo de la OCDE. Así como ya entregamos informes relativos a otras leyes, para saber cómo están aplicándose, hoy es la Ley de Drogas la que ha sido objeto de un completo análisis, detectándose varias falencias e inconsistencias”.

Sobre las principales conclusiones, el parlamentario DC adelantó que “detectamos inseguridad jurídica, vacíos que impiden su total aplicación y hasta falta de claridad en algunos de sus acápites, especialmente en lo que se refiere a diferenciar consumo, microtráfico y tráfico de drogas”.

La Ley 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, de acuerdo a este estudio, debiera modificarse e incluir aspectos, según lo informado por Lorenzini, “relativos al consumo de marihuana en forma controlada y con fines medicinales, no descartando la posibilidad de que las farmacias puedan vender sustancias con marihuana”.

Sobre el consumo privado, acotó que “la ley permite el consumo privado personal y grupal espontáneo de drogas, pero sanciona prácticamente todas las conductas que permiten su obtención; lo que ya es una contradicción, algo extraño. Además, no existe uniformidad en la aplicación de las normas, lo que provoca un clima de inseguridad jurídica en relación al consumo; hecho que es reclamado por diversas organizaciones en el país”.

El legislador agregó que “en el caso específico de la cannabis el cultivo para consumo personal es sancionado como falta” y “no existe seguridad sobre la cantidad y el lapso para el consumo, elementos relevantes para evitar pena de cárcel”.

El estudio indica que “la norma que permite al SAG autorizar cultivos presenta dificultades operativas. No contempla ni criterios ni causales para otorgarlo, dejando a total discrecionalidad del SAG”, puntualizó.

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