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Consejera indígena de Los Lagos: “Ley Monsanto” pone en riesgo la soberanía alimenticia de Chile

Kirsty Hall (cc)
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La consejera nacional indígena en la región de Los Lagos, Claudia Pailef, realizó un llamado a la ciudadanía, especialmente las comunidades campesinas e indígenas de la zona, a evaluar la actuación de los parlamentarios y expresar tal determinación a través del voto. Esto, ante el avance que ha tenido la ley de obtentores vegetales en el Congreso, más conocida como “Ley Monsanto”.

A su juicio, en el Parlamento se continúa vulnerando los derechos de las comunidades rurales e indígenas del país, y en especial de esta zona, al dar luz verde a un proyecto que, a su juicio, pone en serio riesgo la soberanía alimenticia nacional. Destaca que esta situación no es la primera vez que ocurre, dejando a entrever el comportamiento de los congresistas a la hora de proteger los recursos naturales del país.

Según Pailalef, la promulgación de la Ley Monsanto traerá consigo la monopolización de la utilización de la semilla vegetal, e incluso la nativa, dando paso con ello al ingreso de procesos transgénicos en el tratamiento de las mismas.

Desde los organismos que pugnan por la aprobación de la ley de Obtentores vegetales se señala que existe información confusa al respecto, sobre todo en cuanto a la semilla nativa.

En este contexto, Haroldo Salvo-Garrido, director del Centro de Genómica Nutricional Agroacuícola, CGNA, sostuvo en reunión con la comisión de agricultura del Senado que la ley no contempla la utilización de la transgenia, sino que establece un marco de protección en torno a los derechos intelectuales sobre la creación y producción de variedades nuevas.

Sin embargo, tal postura es replicada por las organizaciones campesinas, indígenas y académicas que se oponen a la promulgación de la ley, pues con ello aseguran que impedirá el guardado de semillas y se aumentará el tiempo de vigencia de los derechos y garantía de empresas transnacionales que vendan variedades vegetales híbridas y transgénicas en Chile.

Esto porque se establecerá un pago al productor, denominado “derecho de obtentor” para utilizar las semillas manipuladas genéticamente.

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