La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a la Municipalidad de Puente Alto a indemnizar a los habitantes de las casas construidas por la empresa Copeva.

Deberán pagar la suma de un millón de pesos por daño moral a cada uno de los 28 propietarios del conjunto habitacional “Cerrito Arriba”, cuyas casas fueron edificadas sobre un ex basural y con pésimas condiciones de impermeabilización.

La Cuarta Sala del tribunal de alzada, por dos votos a uno, determinó que el municipio debe pagar la suma antes señalada por su responsabilidad en la falta de servicio con los vecinos.

La resolución ratifica parcialmente las indemnizaciones resueltas en el fallo del 29 de agosto de 2008, de la entonces jueza del Quinto Juzgado Civil de Santiago, María Rosa Kittsteiner.

El fallo dice que el municipio está “obligado prestar un servicio dentro del marco de sus obligaciones, responsabilidad que se produjo porque sus órganos administrativos –Dirección de Obras- no actuaron adecuadamente, no siendo necesario perseguir ni individualizar al funcionario cuya acción u omisión personal originó el daño”.

La sentencia de primera instancia consideraba el pago de una indemnización de tres millones de pesos para cada uno de los demandantes, porque sumaba el concepto de daño material.