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Detienen a dueño de Eurolatina que habría estafado a mil personas con nuevas financieras informales

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En la tarde de este martes serán formalizados Marcos Elgueta y su esposa Isabel Urra, quienes fueron detenidos luego de una serie de diligencias en torno a dos financieras informales que realizaban entregas de créditos con cobros abusivos.

Elgueta previamente había sido condenado en el marco del caso Eurolatina, financiera que dirigía junto a su hermano Pedro Elgueta y que entregaba créditos a personas con pocas posibilidades de acceder a este tipo de servicios en la banca formal. A cambio, debían garantizar el pago del préstamo con la hipoteca de sus casas. Ante la imposibilidad de pagar las deudas, Eurolatina hacía efectivo el cobro total de éstas, continuando con el remate de las viviendas.

La diligencia de hoy, encabezada por la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones y la Fiscalía Centro Norte, se desarrolló de forma paralela en el centro de Santiago en Las Condes, en la propiedad de Marcos Elgueta.

El rol de Isabel Urra es importante en torno a las dos financieras informales, Los Queñes e Hippocapital, de las cuales era su representante legal. La mujer firmaba los pagarés a cambio de la entrega de dinero.

Además, la Fiscalía investiga la utilización de un nombre falso por parte de Marcos Elgueta, quien al ser condenado por el delito de estafa y usura no podía estar involucrado en estos negocios económicos. Por ello utilizaba el nombre de Exequiel Andrade, bajo el cual captaba los clientes para posteriormente cometer las estafas.

El abogado Manuel Ibarra, quien representó a los estafados por Eurolatina y pidió investigar a las dos financieras, aseguró que los delitos se cometían “a vista y paciencia de los juzgados civiles de Santiago”.

En tanto el fiscal Andrés Montes cifró en cerca de 1.000 los clientes que serían víctimas de las empresas, mientras que los montos de la defraudación aún se está evaluando.

Por el caso de Eurolatina más de 1.230 personas se vieron afectadas y unas 186 viviendas fueron rematadas, las que se devolvieron a sus propietarios tras un fallo de la Corte Suprema.

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