Como una buena noticia fue calificada por estudiantes, rectores y expertos, la eliminación del Aporte Fiscal Indirecto (AFI), anunciado por el Ministerio de Educación. Al respecto, el rector de la Universidad de Chile, advirtió que planteles privados que reciben dineros públicos, deben someterse a la fiscalización de la Contraloría y la Ley de Transparencia.
Son cerca de 23 mil millones de pesos los que el Estado entrega a los establecimientos de Educación Superior, por concepto de Aporte Fiscal Indirecto y que va en beneficio de los 27 mil 500 primeros puntajes de la Prueba de Selección Universitaria.
Dicha situación cambiará, según lo anunció el ministro de Educación Harald Beyer, quien indicó que a mediados de año se enviará un proyecto de ley para terminar con el AFI.
Sin embargo, el rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, puso el acento en el control que se debe hacer de los recursos que aporta el Estado a todas las instituciones de educación superior, sobre todo a los plantes privados.
En ese mismo contexto, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Andrés Fielbaum, aseguró que resulta imperioso terminar con el Aporte Fiscal Indirecto, pero se mostró reticente a lo que finalmente decidan las autoridades de educación.
Para el Director del Centro de Políticas Comparadas de Educación de la Universidad Diego Portales, Ernesto Triviño, el principal problema de financiamiento que tienen las entidades de educación superior, es que éste va asociado a los resultados que obtengan los estudiantes en la PSU.
El rector de la Universidad de Valparaíso y presidente del Consorcio de Universidades del Estado, Aldo Valle, aseguró que si bien esta es una buena iniciativa, se debe apuntar a mejorar todo el sistema de admisión.
Cabe indicar que el 40 por ciento del Aporte Fiscal Indirecto, se lo llevan la Universidad de Chile y Católica, y beneficia a los estudiantes que vienen, en su mayoría, de colegios particulares.
