Un recurso de protección presentó la Junta de Vecinos de Pedro de Valdivia Sur, en el camino a Santa Juana, en contra del propietario del local nocturno Diesel, denunciando que funciona como discoteca sin permiso y además publicitando e incitando a menores a la ingesta de alcohol. Con una serie de antecedentes – como agresión a residentes, sumarios sanitarios e infracciones de Carabineros- la comunidad demanda que la justicia decrete medidas para poner fin a todas las situaciones ilegales.

Son alrededor de 100 familias las que han visto sus vidas alteradas desde la instalación del local Diesel, en el kilómetro 3,5 de la Ruta de la Madera, el que comenzó a funcionar sólo con patente de restaurant.

Poco tiempo pasó, sin embargo, antes que se convirtiera en una discoteca, apuntando principalmente a un público joven, lo que se ha traducido en desórdenes y agresiones a los vecinos.

Detrás de todo está la ilegalidad en que trabajaría Diesel, a cargo del empresario Patricio Méndez, al no tener la patente necesaria para el funcionamiento de un centro de baile con venta de alcohol.

Por eso es que el presidente de los vecinos, Humberto Saldías llegó a la Corte de Apelaciones de Concepción para presentar junto al abogado Remberto Valdés un recurso de protección contra el local, que ha enfrentado sanciones de la Municipalidad de San Pedro de la Paz, de Carabineros y de Salud.

Saldías puntualizó los argumentos de la acción legal.

Para fundamentar la presentación, el dirigente vecinal entregó al tribunal de alzada una serie de antecedentes.

El objetivo del recurso, explicó el abogado Valdés, es que la Corte sancione, entre otras situaciones, la publicidad engañosa con que se atrae a los adolescentes al lugar así como la ilegalidad en que funciona.

Cabe recordar que el local Diesel estuvo clausurado por casi 6 meses a raíz de una pugna con la Municipalidad de San Pedro.

En septiembre, sin embargo, reabrió, argumentando que la solicitud de los permisos no había sido respondida e invocó el silencio administrativo, que se refiere a que cuando una oficina pública no se pronuncia en los tiempos establecidos se da por entregado el permiso respectivo.