De acuerdo a los antecedentes confirmados por Radio Bío Bío, al menos 18 denuncias de presuntos abusos sexuales a niños y adolescentes se están manejando en los organismos oficiales en Juan Fernández, cifra que representa -en proporcionalidad a la población de la isla- la tasa más alta de Chile.
Así lo confirmó el en exclusiva el director regional del Sename, Marcelo Platero, quien explicó que con estos antecedentes se desarrolló un plan de diagnóstico de la situación en la isla y se catalogó el origen del problema como un tema cultural, por lo que varios entes comenzaron a trabajar en un proyecto de contención y difusión.
Tras esos diagnósticos preliminares se llegó a la conclusión de que muchos niños que habían sido abusados, sólo se enteraron que era un delito cuando llegaron a estudiar al continente, según aseguró Platero.
De acuerdo a los documentos a los que tuvo acceso La Radio, desde el año 2009, es decir, desde el Gobierno anterior se conocían estos casos en forma oficial.
Con la llegada del nuevo Gobierno, se realizó un seguimiento a varios casos, entregándose una carpeta de carácter reservado a la Fiscalía Regional el día 13 de mayo de 2010.
En la reunión del Comité de Seguridad del 13 de abril de 2010, en la Gobernación de Valparaíso, se solicitó un informe sobre las denuncias a la PDI y a Carabineros, encontrándose con que sólo había constancias y no denuncias formales.
El día 4 de mayo de 2010 se conoció el primer caso formal: una menor que perdió a su hijo en el parto, situación que incluso que pudo haber sido un aborto.
Las sospechas se centraron en una violación, lo que fue ratificado con exámenes de ADN practicados al cuerpo del bebé y al hombre acusado, los que arrojaron resultados positivos.
El 18 de mayo un equipo de la PDI se embarcó en el Transporte Aquiles de la Armada a la isla y detuvo al agresor, quien resultó ser el propio padre de la niña abusada.
Luego el 6 de mayo de 2010, en una reunión de Coordinación de Educación se volvió a abordar el tema en presencia de la Seremi de Educación y el Director del Sename, donde la Directora del colegio insular informó que se había denunciado un nuevo caso.
“El tema no es nuevo, es histórico”, dijo el consejero regional Daniel Paredes, quien responsabilizó al Estado de Chile por no haber otorgado las garantías a los habitantes de archipiélago.
Durante los últimos años también se conoció que habían al menos 8 casos confirmados con denuncias de menores abusados sexualmente, con edades entre los 16 años y los 4 años, algunos de ellos en manos de tribunales a los que se han sumado nuevos casos, dijo Platero. No obstante, el Sename actúa sólo cuando hay resoluciones de la justicia.
El Gobierno ha mantenido esta realidad y los trabajos desarrollados bajo un absoluto hermetismo, argumentando el debido resguardo a los derechos de los niños y adolescentes, pero además con el fin de no estigmatizar a toda la población de Juan Fernández y no entorpecer el desarrollo de la investigación.
Además se consideró que la reserva en la información es fundamental para evitar la contingente victimización, lo que puede ser mas dañina que los hechos originales, según señala en parte una de las cartas enviadas entre estos organismos públicos
En todo caso el consejero Daniel Paredes confirmó que el Gobierno Regional entregó 16 millones de pesos para implementar un programa de contención y evaluación en el archipiélago, y dijo que varias organizaciones llegaron a la isla a trabajar en el tema.
Sin embargo, Paredes también aseguró desconocer en qué se gastaron realmente esos fondos.
Algunos antecedentes a consignar y acciones que se han desarrollado respecto a este caso y que es necesario comentar para apreciar en su real dimensión, son los siguientes:
En mayo de 2010 se solicitó a la Quinta Zona Policial de Carabineros un catastro de la dotación de Juan Fernández con los años de permanencia de los funcionarios, porque se había desarrollado un sentido de permanencia y pertenencia lo que podría eventualmente afectar el flujo de información, por lo que se solicitó capacitación.
En algún momento se pensó, según consta en correos electrónicos internos de los organismos involucrados, solicitar un Ministro en Visita por la gravedad de los hechos, lo que nunca se concretó.
Luego de los estudios realizados, se determinó que la falta de espacios de esparcimientos podría ser un factor determinante en la ocurrencia de estos hechos, por lo que incluso posterior al tsunami de 2010, se invirtieron más de 6 millones de pesos en un domo creado como espacio de recreación, el que según nuestras fuentes nunca funcionó.
