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Corte de Apelaciones de Concepción reconoce preocupación denuncia de ‘mal clima laboral’

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El presidente de la Corte de Apelaciones de Concepción, ministro Diego Simpértigue, reconoció la preocupación que existe por el mal clima laboral denunciado por funcionarios del Juzgado de Garantía, admitiendo a la vez que esto está repercutiendo en el trabajo jurisdiccional.

Recordemos que trabajadores del Juzgado de Garantía penquista, con el respaldo de la Asociación Regional de Personal del Poder Judicial, puso en conocimiento del tribunal de alzada los antecedentes sobre la presunta negativa conducta de las juezas Yolanda Méndez y Valentina Salvo con sus subalternos, por lo que el Pleno determinó que la ministra María Leonor Sanhueza indagara la veracidad de los hechos.

A ambas magistradas se les acusa igualmente de maltratos que denostarían y menoscabarían la dignidad de los funcionarios del juzgado.

Un último caso fue informado el miércoles pasado al presidente de la Corte, quien advirtió de la aplicación de medidas disciplinarias en caso de confirmarse los hechos denunciados y aún más -dijo- cuando las personas que tienen que cambiar su comportamiento no lo hacen.

Respecto de la jueza Méndez, esta es la segunda investigación que enfrenta por similares hechos, denunciados en 2009 por personal de Gendarmería.

La magistrada Salvo, presidenta de los jueces del Juzgado de Garantía de Concepción, ha sido blanco desde hace tiempo de quejas no formales sobre su trato no sólo con subalternos sino con abogados, defensores y fiscales.

El ministro Simpértigue sostuvo que se suma a la preocupación por el mal clima laboral el hecho que esta situación siempre afecta la labor del tribunal.

Lo que ocurre en el Juzgado de Garantía local fue analizado este fin de semana en la Convención de la Asociación Nacional del Personal del Poder Judicial en Santiago.

No se descarta que en los próximos días, además, los dirigentes regionales pudiera oficializar la petición del cambio de la ministra investigadora, por la pérdida de confianza respecto de su imparcialidad por parte de los funcionarios denunciantes.

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