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Intendencia Metropolitana se querelló por delito de homicidio contra presuntos asesinos de Zamudio

Daniel Zamudio
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La Intendencia Metropolitana se querelló por el delito de homicidio calificado, en contra de los presuntos autores del asesinato de Daniel Zamudio. En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pidió al Gobierno a investigar los hechos que ocasionaron la muerte del joven.

El Gobierno, a través de la Intendencia Metropolitana, rectificó una querella interpuesta que pasó de homicidio frustrado a homicidio calificado en grado de consumado, en contra de los presuntos responsables del ataque que mató a Daniel Zamudio.

Esto se da luego que la Fiscalía Centro Norte anunciara que reformalizará a los 4 imputados involucrados en el caso, el próximo 26 de abril y que, actualmente están en prisión preventiva.

La intendenta Cecilia Pérez aseguró que Daniel se había convertido en un mártir, y que en este caso se debía hacer justicia.

El Presidente del Movilh, Rolando Jiménez, destacó la voluntad y el aprendizaje que generó este caso en la sociedad chilena.

El hermano del joven, Diego Zamudio, contó a La Radio cómo ha enfrentado las últimas horas.

3 de los 4 imputados son representados por abogados de la Defensoría Penal Pública, entre éstos Patricio Ahumada Garay, conocido como Pato Core, y quien habría sido el más cruel.

La máxima autoridad de esa institución, Georgy Schubert, se refirió al complejo proceso de defensa de los imputados.

Las repercusiones de este caso también tuvieron eco en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que junto con condenar el ataque a Zamudio por su orientación homosexual, pidió al Gobierno a investigar los hechos de forma inmediata y seria, para sancionar a los responsables de lo que ocurrió.

La Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fríes, expresó que la declaración obedece a una preocupación del ente internacional.

El Gobierno, junto con querellarse en esta causa, ya le puso suma urgencia al proyecto de Ley Anti Discriminación, que entre sus puntos, pretende establecer un agravante en el Código Penal a delitos por motivos por orientación sexual, religiosos y otros.

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