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La Corte Suprema debate reforma de la salud patrocinada por Obama

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La Corte Suprema de Estados Unidos finalizó este lunes una audiencia crucial para la sobrevivencia de la ley de seguro de salud de Barack Obama, una reforma clave que si es considerada contraria a la Constitución, podría afectar la reelección presidencial.

La audiencia de este lunes duró 90 minutos, destinados a debates técnicos. Los nueve jueces, cinco nombrados por un presidente republicano y cuatro por uno demócrata, se declararon competentes para juzgar una medida que no entró en vigencia y a continuar con la audiencia sobre el porvenir de la ley.

La norma pretende que todos los estadounidenses tengan cobertura sanitaria mediante la obligación de contratar un seguro médico y ha despertado pasiones entre quienes la consideran una intromisión gubernamental y quienes defienden la universalidad del acceso a los servicios de salud.

Cientos de personas manifestaban frente a la Corte, la mayoría a favor de la ley, que según Scott Krugman, pediatra de Baltimore (Maryland, este) “aumenta el acceso de muchos niños al seguro de salud y es muy útil para nuestros pacientes”.

“Mi hijo sufre de una enfermedad genética. Si esta ley es derogada, no podrá tener ningún seguro de salud en toda su vida”, asegura Ellena Young, que vino desde el estado de Nueva York con su hijo de dos años.

Pero no todos respaldan la norma. Algunos acampan frente a la Corte, como Chris Crawford, de 20 años, estudiante en ciencias políticas en Washington, sentado sobre una maleta llena de mantas, libros y víveres.

“Estoy aquí para ser testigo de la historia”, dijo a AFP, reiterando su posición contraria a la reforma.

“Darle al Estado el poder de forzar a los ciudadanos a comprar algo es un precedente muy peligroso”.

La más alta jurisdicción del país no emitirá un veredicto hasta junio pero -en señal de la importancia del asunto- consagrará seis horas de audiencia en total a este documento colosal, un récord cuando en general no brinda más de una hora a cada demanda.

La ley, que prevé dotar de un seguro médico a 32 millones de estadounidenses sin asistencia en la actualidad, será examinada por una Corte de tendencia conservadora, cuyo pronunciamiento fue requerido por el propio gobierno demócrata, por más de la mitad de los estados del país, todos republicanos, por una organización patronal y por particulares.

El abogado de la administración Obama ante la Corte Suprema, Donald Verrilli, “va a demostrar por qué esta ley es constitucional y por qué es importante”, declaró este domingo David Plouffe, alto consejero de la Casa Blanca, a la CNN.

El defensor de los 26 Estados, Paul Clement, dijo por su parte que procurará demostrar que el Congreso ha sobrepasado sus prerrogativas constitucionales con esta legislación.

El centro de la controversia es la obligatoriedad para todos los estadounidenses de dotarse de una cobertura de salud antes de 2014, bajo pena de sanciones.

La Corte suprema abordará el martes ese aspecto y, al día siguiente, la posibilidad de que la ley sobreviva sin esa medida.

En este intercambio jurídico, la Corte debería comenzar este lunes por preguntarse si las multas que los estadounidenses que se nieguen a dotarse de un seguro de salud deberán pagar, constituyen un impuesto.

Si la Corte responde afirmativamente, podría tener que acabar declarándose incompetente y retrasar el debate hasta 2015, porque en Estados Unidos no se puede llevar un impuesto a la justicia hasta que no se ha pagado.

Retrasar el debate hasta 2015 tendría por lo tanto la ventaja de eludir esta cuestión sensible en términos electorales hasta después de las elecciones del 6 de noviembre, en la que el presidente Obama buscará la reelección.

Sin embargo, el veterano abogado del gobierno Neal Katyal, que defendió la ley en instancias inferiores, dijo a la AFP que prefieren que el asunto se resuelva ya.

“Hemos dicho a la Corte que es preferible para el gobierno y para el país tomar una decisión ahora, cuando todo el país la desea, más que en cualquier otro año”, afirmó. “Es un tema de derecho, la elección no debería tener nada que ver con esto”.

Para el analista Ilya Shapiro, del centro de reflexión conservador Cato, este documento bien puede costar el puesto al presidente Obama. Según Shapiro, “si la ley es invalidada, la mayor realización de la administración Obama desaparecería”.

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