El Consejo de Gobierno Regional pone en jaque al Intendente del Bío-Bío, en el que pudiera convertirse el primer gran cuestionamiento a su gestión: no saber conducir el CORE, que deberá someterse al dictamen jurídico al interior del organismo para resolver la aprobación de dos proyectos trabados, que podrían desatar la crisis política en la zona.

Se acabó la luna de miel del Intendente del Bío-Bío Víctor Lobos, y de los Consejeros Regionales, que lo recibieron con los brazos abiertos, luego de reemplazar como presidente del organismo a Jacqueline van Rysselberghe, la ex intendenta.

Actualmente lo acusan de no saber conducir políticamente la instancia, “inexperiencia” que le pasará la cuenta, debido a la aprobación -según sus detractores- fuera de regla jurídica de dos proyectos emblemáticos en reconstrucción, donde un grupo de consejeros pidió aplazar votación para obtener mayores antecedentes de las iniciativas.

Lobos no dio lugar a esa petición y aprobó junto a las bancadas oficialisatas, sumado el PPD, el edificio consistorial de Tirúa por $3 mil millones y un polideportivo para Laja por mil 300, venia que podría ser revocado por un informe en derecho que será visto en una próxima sesión.

El consejero regional socialista Eduardo Araya, aseguró que se actuó fuera del margen de la ley y aclaró que en ningún caso su partido junto a la DC solicitaron mayor plazo para estudiar los proyectos, pues están en contra de ellos, por el contrario sólo pedían un mayor conocimiento de las iniciativas y sus implicancias, considerando sus altos montos de inversión.

Así se refirió arremetió Araya contra Lobos.

En la misma línea argumentaron sus socios en el CORE, de la DC, por medio del jefe de bancada Marcelo Chávez.

El Consejo de Gobierno Regional, no sólo ventiló la primera crisis que podría afectar al Intendente, sino la contínua alianza con el oficialismo que desde hace meses expresa el PPD.