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Juez Baltasar Garzón absuelto por investigar el Franquismo

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La justicia española absolvió este lunes al juez Baltasar Garzón de intentar investigar los crímenes del franquismo, aunque no podrá recuperar su condición de magistrado tras haber sido expulsado de la carrera judicial por una condena anterior por unas escuchas ilegales.

Siete magistrados del Tribunal Supremo decidieron absolver al juez Garzón por seis votos a favor y uno en contra del delito de prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas de que lo es, ndlr) por intentar investigar las desapariciones ocurridas durante la Guerra Civil (1936-1939) y los primeros años del franquismo, precisó una fuente judicial.

Garzón estaba acusado de infringir la ley de amnistía votada por el Parlamento español en 1977 al abrir una investigación en 2008 sobre las desapariciones de más de 100.000 personas durante la Guerra Civil española (1936-1939) y el franquismo (1939-75).

Los magistrados consideraron que la decisión de Garzón de declararse competente para investigar los crímenes del franquismo fue “errónea”, pero no constituyó un delito de prevaricación.

El Tribunal Supremo considera que la finalidad perseguida por Garzón “aún cuando errónea en su realización (…), ha tratado de mejorar la situación de unas víctimas cuyo derecho a conocer los hechos y recuperar a sus muertos para honrarles es reconocido por la Ley de Memoria histórica”, promulgada en 2007 para resarcir a las víctimas del franquismo.

“Sólo puedo decir que mi conciencia está tranquila porque tomé las decisiones que creía ajustadas al derecho (…) para investigar los crímenes masivos de desapariciones de personas”, dijo Garzón el pasado 8 de febrero durante su juicio.

El Tribunal Supremo recordó este lunes que “no es posible en nuestro sistema procesal una actividad jurisdiccional de mera indagación sin una finalidad de imposición de una pena”, por lo que es necesario la presencia de un hecho y un potencial acusado y en la instrucción de Garzón, todas las personas imputadas estaban ya muertas.

La sentencia considera que “el derecho a conocer la verdad histórica no forma parte del proceso penal”, recuerda el Tribunal Supremo afirmando que “difícilmente puede llegarse a una declaración de verdad judicial, de acuerdo a las exigencias formales y garantistas del proceso penal, sin imputados, pues estos fallecieron, o por unos delitos, en su caso, prescritos o amnistiados”.

También considera que la ley de 1977 “en ningún caso fue una ley aprobada por los vencedores, detentadores del poder, para encubrir sus propios crímenes”, sino “con el consenso total de las fuerzas políticas en un período constituyente surgido de las elecciones democráticas de 1977″.

Esta sentencia “nos deja en el mismo lugar, la justicia sigue si haber resuelto ningún caso de desaparición forzada”, dijo a la AFP el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva, precisando que “vamos a pedir que se resuelva el conflicto de competencias que hay en la justicia española” sobre las desapariciones del franquismo.

“Investigar torturas y ‘desapariciones’ no puede ser considerado un crimen”, afirmó Reed Brody, portavoz de la organización Human Right Watch, quien cree que “el daño ya está hecho con la anterior condena de Garzón”, que ha sido expulsado de la carrera judicial y no podrá volver a ejercer como juez.

El magistrado español de 56 años, conocido en el mundo entero por perseguir los ataques a los derechos humanos, había sido condenado el pasado 9 de febrero a 11 años de inhabilitación en otro juicio sobre un caso de escuchas ilegales, un veredicto que fulminó su carrera y por el que fue expulsado de la judicatura.

En este caso, el ya exjuez ordenó las escuchas entre los presuntos cabecillas de una red corrupta, conocida en España como “trama Gürtel”, que en 2009 salpicó a altos cargos regionales del Partido Popular, que ahora gobierna España, y sus abogados al sospechar que los letrados participaban en operaciones de blanqueo de dinero.

La decisión de este lunes pone fin al calvario judicial de Garzón, después que el Tribunal Supremo decidiera considerar prescrito un supuesto caso de corrupción por desestimar una querella contra un banco español que, junto a otras empresas, había financiado unos cursos que el exmagistrado había impartido en Nueva York.

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