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Gobierno ratifica secreto del TPP y afirma que aún no hay definiciones sobre propiedad intelectual

Campaña No al TPP
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A horas de lanzada la campaña “¿SOPA en Chile?”, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se emitió un comunicado donde ratifican el secreto del cuestionado tratado internacional de comercio que contiene artículos que atentarían contra la libertad en internet.

Según informó la ONG Derechos Digitales, más de 3.500 ciudadanos se habrían pedido al presidente Piñera que se pronuncie sobre las negociaciones secretas que se están llevando a cabo para la suscripción de un nuevo tratado de libre comercio en el área del Asia Pacífico, conocido como TPP (Trans Pacific Partnership).

A través de la filtración de uno de los capítulos de este tratado, se conoció que en el acuerdo se incluyen normas sobre propiedad intelectual en internet que podrían tener consecuencias en Chile similares a la mundialmente cuestionada SOPA (Stop Online Piracy Act).

Ante la campaña difundida por las redes sociales, la Dirección de Relaciones Económicas del Ministerio de Relaciones Exteriores (Direcon), organismo encargado de las negociaciones, publicó una declaración donde confirmó el carácter secreto de las negociaciones y señaló que en materia de propiedad intelectual aún se está en negociaciones, por lo que no habrían definiciones sobre esta materia.

La ONG destaca además que en el comunicado “no se confirma ni desmiente que exista riesgo para los derechos de los usuarios de internet en Chile”.

De esta forma, la organización acusa que en ninguno de los espacios de diálogo con los equipos negociadores de los países involucrados, se ha permitido acceso al texto en negociación, como sí lo han hecho países como Estados Unidos, que cuenta con un Consejo Asesor que permite cierta participación de la sociedad civil de ese país.

Es por ello, señala la ONG, que en los próximos días solicitarán al Presidente de la República el acceso a información pública a fin de “que sea la máxima autoridad política del país, que por mandato constitucional debe llevar a cabo las negociaciones internacionales, quien decida levantar o mantener el secreto de acuerdos que pueden afectar de manera radical cómo los ciudadanos entienden, usan y aprovechan las potencialidades de internet”.

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