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Anef recurrirá a Contraloría por despido de dirigenta sindical que declaró contra HidroAysén

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A la Contraloría General de la República recurirrá la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) con el fin de revertir el término anticipado del contrato laboral de la presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Seremi de Vivienda de Aysén, Natacha Pot, luego que ésta declarara ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, constituida por la investigación de HidroAysén.

Para la organización esta situación es irregular porque cuando se dio por terminada su relación laboral, la funcionaria ya tenía inscrita su candidatura a presidenta de la agrupación sindical, cargo en el cual posteriormente fue elegida, lo que la hacía gozar de fuero laboral.

Sin embargo, luego que esta situación fuera sometida a la Contraloría Regional, el organismo señaló que el proceso quedó inválido, porque no habría sido informado al subsecretario de la cartera.

Para el Presidente de la Anef de la región de Aysén, Julio López Ojeda, esta es una “interpretación errada de la ley” y precisó que el Presidente de la República y la intendenta Pilar Cuevas no tienen respeto por las organizaciones sindicales.

Agregó que el proceso fue avalado por los propios funcionarios, quienes votaron en un acto democrático respaldado por la legislación vigente. “Estos funcionarios querían que ella fuese su presidenta y este gobierno no tiene voluntad de aceptar ese mandato que han dado los funcionarios y eso es grave”, puntualizó.

Ante esto, el líder informó que a través de la Dirección Nacional del Organismo Sindical, se recurrirá a la Contraloría General de la República para que se pronuncie respecto de este despido irregular. La semana pasada la senadora DC Ximena Rincón se comprometió a iniciar gestiones ante el contralor Ramiro Mendoza, pero los funcionarios no se quedarán sólo en ese trámite y ya evaluaron poner recursos de protección, explicó.

En opinión de esta organización hay una interpretación errada de la ley. Consideran que lo más grave es que responde a la voluntad política de parte del Gobierno, del Seremi y el Seremi subrogante, y busca perseguir a los funcionarios que han declarado en contra de HidroAysén.

En este sentido López Ojeda recordó los sumarios, sanciones y desvinculacines que afectaron a los otros dos profesionales que declararon ante la Cámara de Diputados para informar sobre las gestiones que el ex Seremi de Vivienda, Nicolás Terrazas – con conflictos de interés por la participación de su padre en contratos con HidroAysén -, el seremi subrogante Rodrigo Solís y la jefa del Departamento de Planes y Programas del servicio, Rosa Toro, hicieron para cambiar de inconforme a conforme el último informe de pronunciamiento técnico sobre el proyecto.

Natacha Pot, la dirigenta hoy afectada, asegura que su desvinculación fue, al menos, extraña, toda vez que se le notificó después que retiraron el computador de su puesto de trabajo y eliminaron su tarjeta del reloj control. “Creo que nunca me atacaron directamente, ni el ex Seremi trató de contradecir lo que yo declaré en la fiscalía y en la Cámara de Diputados. Yo creo que tampoco tenía argumentos para decir que yo estaba faltando a la verdad. No sólo a mí sino también al resto de las personas que fueron a la comisión de Derechos Humanos como Fernando Miranda y Susana Niccodemi”, concluyó.

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