Las autoridades estadounidenses comenzaron este jueves a revisar casos de indocumentados pendientes de deportación dentro de la nueva directiva del gobierno de Barack Obama de priorizar la expulsión de criminales, informó a AFP la agencia de Inmigración y Aduanas (ICE).

El gobierno anunció en agosto la revisión de unos 300.000 casos para agilizar la deportación de personas con antecentes judiciales y cerrar los casos de personas que no sean un peligro para la seguridad del país.

La oposición republicana ha denunciado esta iniciativa como una “amnistía admnistrativa encubierta” que podría beneficiar a decenas de miles de inmigrantes sin papeles.

“Como parte de estos esfuerzos, a partir de hoy los abogados de ICE revisarán todos los casos nuevos que lleguen y los pendientes, para asegurar que todos se ajusten a las prioridades migratorias de ICE”, informó a AFP en un correo electrónico una portavoz de la agencia, Bárbara Gonzalez.

Las nuevas prioridades anunciadas en junio se enfocan en criminales, reincidentes que violen leyes migratorias o que hayan cruzado recientemente la frontera, recordó Gonzalez.

Asimismo, requieren a agentes y fiscales tomar en cuenta antes de impulsar un proceso de deportación si la persona es un joven estudiante, de edad avanzada o si tiene familiares estadounidenses cercanos.

Aquellas personas a las que se les cierren sus casos pueden optar a permisos de trabajo, aunque no recibirán ningún estatus legal.

Gonzalez indicó que esta política busca “enfrentar el reto de un sistema migratoria colapsado y utilizar mejor nuestros recursos”, ya que los procesos presentan retrasos que pueden ser de hasta varios años.

En paralelo, ICE lanzó este jueves un programa de entrenamiento para enseñar a su personal el uso adecuado de las nuevas prioridades.

El gobierno de Obama ha deportado la cifra inédita de casi 400.000 indocumentados por año, lo que ha levantado protestas de grupos de defensa de los inmigrantes, pero las autoridades afirman que la proporción de expulsión de criminales va en aumento. El último año fue de 55%.

“La decisión del gobierno de seguir adelante con la amnistía encubierta significará empleo, pero no para los estadounidenses desempleados”, fustigó en un comunicado el legislador republicano Lamar Smith, jefe de la Comité Judicial de la Cámara de Representantes.

Casi 11 millones de extranjeros sin papeles viven en Estados Unidos, la mayor parte de ellos hispanos.