El sindicato de transporte de carga de Bolivia suspendió el martes temporalmente el corte de vías que realizaba en varias ciudades en protesta por la aplicación de aranceles y multas a sus remolques, pero el país sigue siendo escenario de varias movilizaciones sociales.

“Hemos determinado hacer un cuarto intermedio en nuestras medidas de presión, mientras se analice este tema en una mesa de trabajo”, dijo Fidel Baptista, dirigente sindical del sector, tras confirmar el inicio, este miércoles, de un diálogo con las autoridades.

El sindicato del transporte pesado cerró con vehículos de alto tonelaje los accesos a instalaciones aduaneras y la carretera al Desaguadero, en Perú, y amenazaba hacer lo mismo con los pasos fronterizos a Argentina.

Los dueños de los vehículos, ingresados vía contrabando, demandan la ampliación de una amnistía de 3 meses otorgada por el gobierno para la regularización de sus documentos, que venció la semana pasada.

En el sudoeste continuaba este martes la segunda jornada de una huelga de 72 horas convocada por organizaciones civiles del departamento (provincia) de Oruro exigiendo soluciones a un ancestral conflicto de límites con otro departamento, el de Potosí.

Los dirigentes regionales piden la presencia en el lugar del presidente Evo Morales, pero el ministro de Comunicaciones, Iván Canelas, la descartó pues, según sugirió, podría despertar susceptibilidades.

“La presencia del presidente no es una propuesta que pueda ser atendida, desde nuestro punto de vista. Si va a Oruro los hermanos de Potosí van a hacer observaciones. Si va a Potosí los hermanos de Oruro van a hacer lo mismo”, dijo.

Por segundo día consecutivo, los obreros textiles cerraron a su vez las vías del centro de La Paz pidiendo que se reponga el acuerdo de Promoción Comercial Andina y Erradicación de Drogas, que permitía el ingreso de la producción boliviana con preferencias arancelarias al mercado de Estados Unidos.

Los trabajadores del seguro estatal de salud volvieron de su lado a protestar en las calles exigiendo la dimisión de un alto ejecutivo nombrado por el presidente Morales y de la ministra de Salud, que autorizó la libre afiliación al seguro médico, hasta ahora exclusivamente en manos de la Caja Nacional de Salud.