Organizaciones indígenas de Bolivia presentaron ante el Fiscal General una demanda por genocidio contra el presidente Evo Morales y otras autoridades por la represión policial contra una marcha de nativos amazónicos que se oponen a un proyecto de carretera, informó este sábado un dirigente indígena.
“Se los denuncia por los delitos de incumplimiento de deberes, genocidio, maltrato infantil, racismo, discriminación, lesiones gravísimas, graves, leves, robo agravado, resoluciones contrarias a la Constitución, denegación de auxilio y otros”, dijo el dirigente guaraní Celso Padilla.
El 25 de septiembre, el gobierno lanzó una violenta acción policial contra la marcha de nativos amazónicos que se dirigían a La Paz en protesta por un proyecto vial que amenaza con dividir su territorio, que provocó la censura crítica nacional e internacional sobre el gobierno del presidente Morales.
Los indígenas fueron enmanillados y amordazados en una acción que afectó a varones, mujeres, ancianos y niños. Las fuerzas policiales intentaron trasladar a los detenidos a lugares distintos de sus zonas de origen, pero los pobladores de la localidad de Rurrenabaque lo impidieron.
La denuncia, presentada el viernes, “alcanza a 15 personas”, entre ellas el presidente Evo Morales, el vicepresidente Alvaro García, cuatro ministros, un ex ministro, la cúpula policial y otros funcionarios gubernamentales, precisó Padilla.
“Es una proposición acusatoria penal de juicio de responsabilidad por delitos en el ejercicio del cargo”, agregó.
El artículo 138 del Código Penal Boliviano define como genocidio aquél acto que se realice “con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional étnico o religioso, diere muerte o causare lesiones a los miembros del grupo, o los sometiere a condiciones de inhumana subsistencia”.
La pena para dicho delito es “de diez a veinte años” de prisión, y “si los culpables fueren autoridades o funcionarios públicos, la pena será agravada con una multa de cien a quinientos días”.
Padilla indicó que los indígenas “presentaron también una denuncia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos” y que la Defensoría del Pueblo dará continuidad a dicho proceso.
De acuerdo al informe del Ministerio Público, la intervención policial contra la marcha indígena no dejó muertos, pero sí 74 heridos.
Tras los hechos y después de una breve pausa, los indígenas amazónicos reanudaron la marcha que arribó este sábado a la localidad de Chuspipata (a 50 km de La Paz), donde pernoctarán hasta el próximo lunes, según lo confirmó a la AFP el dirigente indígena Rafael Quispe.
La Fiscalía General del Estado tiene 30 días para analizar las pruebas y documentos presentados, tras lo cual deberá decidir si inicia o no el proceso penal correspondiente y tramitar la autorización de juicio ante la Asamblea Legislativa donde el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) cuenta con dos tercios.
