Hasta tribunales llegará la denuncia contra el senador Alejandro Navarro y el diputado Carlos Abel Jarpa, ambos parlamentarios del Bío-Bío investigados por documentos que respaldaron a exonerados que no lo eran.
Ante las versiones periodísticas que desentrañaron antiguas entregas de certificados para conseguir la calidad de exonerados y que no cumplían cabalmente con la legalidad, los parlamentarios involucrados de la Región del Bío-Bío deberán enfrentar la justicia.
Así lo dio a conocer el Diputado por Ñuble, Frank Sauerbaum (RN), quien lamentó la falta de rigurosidad. Respecto de Jarpa, valoró que éste reconociera los hechos como un error, pero en el caso de Navarro calificó esta entrega de documentos como una máquina para captar votos.
Fue más allá el diputado Sergio Bobadilla (UDI), quien derechamente pidió la renuncia de Navarro.
El aludido, por su parte, insistió en que hizo entrega de los documentos dentro de los marcos establecidos por ley y que su caso no es comparable con el de Jacqueline Van Rysselberghe.
Navarro, agregó que según la calificación de exonerado político a que se refiere la ley ésta será hecha en forma privativa por el Presidente de la República, a través del Ministerio del Interior, el que una vez formada la convicción del carácter político de la misma, resolverá también privativamente, sobre el otorgamiento de los beneficios.
