Elementos de la Secretaría de Marina presuntamente torturaron y asesinaron en 2010 a un detenido cuyo cadáver fue encontrado en un terreno deshabitado del norte de México, informó este lunes la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), equivalente al ombdusman.

La víctima “murió producto de la tortura de golpes que penetraron los órganos internos”, dijo a la televisión Milenio Marat Paredes, responsable de la oficina de la CNDH que investiga las denuncias ciudadanas contra el Ejército.

En marzo de 2010 Humberto Márquez, un presunto vendedor de droga, fue detenido junto a otro hombre por policías del municipio de Santa Catarina, en el área metropolitana de Monterrey (norte), y entregados a la Secretaría de Marina.

Márquez estuvo desaparecido unas 15 horas antes del hallazgo de su cadáver mientras que el segundo detenido apareció cuatro días después, sin querer contar lo que le sucedió, según la CNDH.

La CNDH publicó en su página electrónica la recomendación 34/2011, dirigida a la Secretaría de Marina de México, por “desaparición forzada, tortura y privación de la vida” en agravio de un hombre y por la privación ilegal de la libertad y tratos crueles en el caso de otra víctima.

El ombusdman recomendó al secretario de la Marina iniciar una investigación contra los militares involucrados en los casos e indemnizar a la víctima que sobrevivió y a la familia del fallecido.

La Marina dijo la noche del lunes en un comunicado que la recomendación de la CNDH “está siendo atendida en términos de ley”, y aclaró que su actuación en el caso se limitó a “trasportar (a las) personas heridas (…) permanentemente acompañados y bajo la custodia del Director de la Policía” de Santa Catarina, Nuevo León.

El gobierno del presidente Felipe Calderón sacó de los cuarteles a unos 50.000 militares para combatir a los cárteles de la droga, cuyas pugnas han dejado en cuatro años y medio más de 37.000 muertos.

La ONG estadounidense Human Rights Watch (HRW) acusó en febrero a militares y policías mexicanos de estar implicados en 2010 en al menos ocho asesinatos y una decena de desapariciones en el estado de Nuevo León (norte), cuya capital es Monterrey.