Pese a las insistentes consultas por parte de diputados de la Comisión Investigadora sobre Reconstrucción y, posteriormente, por la prensa, el ex secretario Ejecutivo del Comité de Emergencia, Cristóbal Lira, desistió de confirmar si el mayor valor cancelado por las mediaguas fue apoyado o no por una resolución del Ministerio del Interior, que rectificara el mandato anterior que fijaba un monto máximo de gasto de $465 mil por vivienda.
Lira resaltó que era preciso atender el contexto del pago cancelado a los proveedores y evadió referirse a la existencia de una nueva circular, señalando que el mayor gasto emprendido correspondió a “una recomendación del Comité de Emergencia al Ministerio del Interior”.
“Las recomendaciones y todo lo que se hizo fue en reuniones dentro del Ministerio del Interior y creo muy importante que las cosas no se pueden sacar del contexto que se vivía en ese momento que era ponerle una vivienda a la gente damnificada, 170 mil viviendas que había que poner antes que llegara el invierno”, agregó.
Durante la sesión, Lira informó a la Comisión que, dada las condiciones del mercado hacia el mes de abril (escasez de materias primas, aumento de los precios, alzas en los costos de los fletes, entre otros), el valor de las mediaguas se elevó, lo que motivó al Comité a recomendar mantener una oferta de pago superior.
Explicó que la circular 28 del Ministerio del Interior fijó como precio máximo de pago por vivienda $465 mil más IVA. Indicó que, a dicha cifra, se sumó luego un incentivo para los proveedores de cien mil pesos, que debía ir decreciendo paulatinamente cada semana, situación que no ocurrió finalmente, manteniéndose el tope en $565 mil.
Lira precisó que, frente a las presiones surgidas respecto de la calidad de las mediaguas entregadas a los damnificados, se encargó un nuevo tipo de vivienda, más preparada para las condiciones climáticas del sur de Chile, y se reparó las de tipo “estándar”, alcanzando cada una de dichas viviendas un costo final que bordeó los $800 mil.
Conjuntamente con el Director de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi), Vicente Núñez, resaltó que el informe final de la Contraloría indica que el uso de recursos públicos se ajustó a la normativa vigente. Este último, incluso, desestimó las observaciones presentadas en el mismo documento y adelantó que se harán llegar al organismo fiscalizador los descargos del caso.
