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Condenan a fiscal jefe panameña a seis meses de cárcel por pinchar llamadas de un sospechoso

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La fiscal general panameña, Ana Matilde Gómez, fue condenada este miércoles a seis meses de cárcel por el Segundo Tribunal Superior de Justicia de su país por haber pinchado por su cuenta las llamadas de un subalterno sospechoso de recibir sobornos, algo que Gómez consideró un fallo político por criticar al gobierno de Ricardo Martinelli.

Después de tres horas de deliberaciones, “con 5 votos a favor y 4 en contra, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró culpable a la licenciada Ana Matilde Gómez Ruiloba, del delito de abuso de autoridad”, dice un comunicado de la Corte Suprema.

Por ello, se la condena a “6 meses de prisión”, conmutables por 40 días de multa que equivalen a cuatro mil dólares a pagar en un año. Además, Gómez fue inhabilitada por cuatro años para cumplir funciones públicas.

“Es un fallo político (…) y es el resultado del escarnio que me quiere dar el ejecutivo por haberme atrevido a ponerlo en su lugar y no me arrepiento”, dijo Gómez tras conocer el fallo en su contra.

“Estamos viviendo tiempos muy difíciles para la democracia y mientras tengamos fallos de esta naturaleza que no respetan el Estado de derecho la democracia está en vilo. Pero yo sola no puedo luchar por ella, a todos nos toca defenderla”, añadió Gómez.

Gómez, quien estaba separada temporalmente de su cargo mientras duraba el proceso en su contra, acudió este miércoles a la sede judicial para la audiencia ordinaria por la supuesta comisión de los delitos de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos.

La fiscal, quien tiene prohibida la salida del país, admitió en mayo haber interceptado las llamadas de un funcionario sospechoso “porque era una práctica” común en la Fiscalía desde antes que ella llegara en 2005.

Gómez fue separada de su cargo el 5 de febrero por la Corte Suprema para ser investigada por una denuncia del ex fiscal Arquímedes Sáez, inculpado de recibir un soborno de 2.000 dólares, de haberle intervenido su teléfono sin orden judicial.

El caso se originó después de que Manuel Zambrano denunciara la supuesta extorsión del ex fiscal, Arquímedes Sáez, por el pago de un soborno a cambio de beneficiar a la hija en un caso, por lo que el Ministerio Público procedió a interceptar las llamadas.

En una operación encubierta, Sáez recibió USD 2.000 por presuntos favores, por lo que fue indagado y se encuentra en la actualidad a espera de juicio.

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