Con el debate pendiente hasta la sesión ordinaria de mañana miércoles en el Senado quedó el proyecto, en 1º trámite, que sanciona con penas de hasta 5 años de cárcel a quienes realicen prácticas concertadas para fijar precios de venta o de compra de bienes y servicios de primera necesidad.
Fuente: Agencia UPI
La iniciativa tuvo su origen en una moción de los senadores Alberto Espina, Andrés Chadwick, Carlos Cantero, José García y Antonio Horvath y durante la 1º jornada de discusión, el senador Espina en su calidad de presidente de la Comisión de Constitución entregó una detallada cuenta del texto legal.
El parlamentario manifestó que esta legislación permitirá sancionar en forma drástica los actos ilegales de colusión pero “de ningún modo se podrá usar en una especie de caza de brujas para perjudicar al competidor”.
Aseguró que la iniciativa sancionará penalmente, los actos de colusión para fijar precios de venta o compra de productos de primera necesidad, para limitar su producción, así como para fijar zonas o cuotas de mercado sobre estos bienes.
De este modo se establecen penas de cárcel que van entre los 61 días a 5 años de presidio cuando se concrete el delito de colusión y multas en beneficio fiscal de hasta 30 mil Unidades Tributarias Mensuales (UTM).
El senador Espina explicó que la acción penal sólo se podrá iniciar a requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) al Ministerio Público, de modo de evitar la proliferación de querellas ante los tribunales.
Asimismo se dispone que la delación compensada o el arrepentimiento eficaz de los denunciantes que sea aceptado por la FNE producirá la extinción de la responsabilidad penal en materia penal y se autorizará a la fiscalía del Ministerio Público a interceptar teléfonos para probar estos delitos, con la autorización de los jueces de garantía.
No obstante, el parlamentario puntualizó que durante el debate en particular se consultará a diversas instancias judiciales para recabar la opinión de los jueces sobre esta figura de la interceptación telefónica, ya que en la actualidad solo rige en la investigación de crímenes.
Por otro lado, informó que la iniciativa también autoriza a los tribunales chilenos a investigar este tipo de delitos de colusión cuando éstos tengan su origen en el extranjero pero produzcan efectos en Chile.
