Son cerca de 5,7 millones millones de dólares los que en su momento objetó la Contraloría General de la República tras una auditoría a los gastos que se efectuaron en el marco de la organización de los Juegos Odesur 2014.
Los dineros objetados apuntan al Instituto Nacional del Deporte y a la Corporación Juegos Suramericanos Santiago 2014, relativos a falta de rendición o de reintegro de excedentes, falta de respaldo en licitación y entrega de productos pagados e intereses improcedentes por depósitos a plazo, entre otros aspectos.
En la citada corporación, que administraba los recursos que otorgó el IND para organizar los juegos, formó parte el esposo de la ministra de vivienda Paulina Saball, Ernesto Galaz, quien se desempeñó como asesor jurídico.
Según detalló La Tercera, la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente instruyó a la Policía de Investigaciones para citar a declarar tanto a Ernesto Galaz como a la directora de la corporación y el ex director de administración, Marcela González y Alejandro Gálvez respectivamente.
Del monto total objetado, $84.22.184 aparecen en el ítem de “remuneraciones, honorarios e imposiciones”, y el Ministerio Público apuntaría a conocer el motivo del aumento de sueldos que se efectuaron varios funcionarios durante la realización del evento deportivo, junto a otros aspectos señalados en el informe.
