El ex juez español Baltasar Garzón renunció a su puesto en la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina, al que fue designado por el gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández.
Garzón, conocido por haber pedido en 1998 la captura de Augusto Pinochet que le valió su retención en Londres, decidió renunciar al puesto de asesor internacional en materia de derechos humanos, para el cual fue designado en 2012 por la ex mandataria.
Según la prensa local el ex juez cobraba un sueldo bruto cercano a los US mil y tenía residencia argentina aunque en los últimos años ha repartido su vida entre España y el país trasandino.
Desde que el pasado 10 de diciembre el presidente Mauricio Macri asumió un gobierno liberal como sucesor de Fernández, las instituciones públicas están sacudidas por cambios de directivos, anuncios de despidos y fin de renovaciones de contratos temporales que tienen dividida a la opinión pública.
Garzón, de 60 años, figura controvertida en España, investigó desde la década de 1980 casos muy delicados y mediáticos de terrorismo, narcotráfico, corrupción o crímenes contra la humanidad que, sumado a su papel en el caso Pinochet, le valieron el apodo de “juez estrella”.
En febrero de 2012 fue condenado a 11 años de inhabilitación como magistrado en España por ordenar la escucha de conversaciones en prisión entre abogados y presuntos cabecillas de una trama de corrupción, denominada Gurtel, que desde 2009 implica a innumerables responsables del Partido Popular del jefe de gobierno Mariano Rajoy.
También, fue juzgado por haber intentado investigar los crímenes del franquismo pese a una ley de Amnistía de 1977, proceso en el que fue finalmente absuelto.
En los últimos años ha dirigido un bufete de abogados en Madrid y defiende a clientes como Julian Assange, fundador de la web de filtraciones Wikileaks, que publicó miles de documentos secretos de Estados Unidos.
Asimismo, fue asesor de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, en la reforma de la justicia en Ecuador y en el proceso de paz en Colombia.
