Debido a la inhabilitación de dos juezas del Primer Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago, el inicio del juicio en contra de los diez funcionarios de la Policía de Investigaciones, acusados de corrupción en allanamientos por narcotráfico en Pudahuel, fue postergado para el próximo martes.
Los diez funcionarios imputados por los delitos de apremio ilegítimo, detención y allanamiento ilegal, esperan en prisión preventiva, hace siete meses, el inicio de juicio oral que determine si son culpables o inocentes.
Sin embargo, la audiencia de inicio de juicio fue postergada luego que dos de los cuatro magistrados se inhabilitaran, alegando diversos motivos. Entre éstos se encuentra la relación que mantiene Carolina Larredonda con el fiscal Cristián Cáceres, quien investiga la pérdida de escuchas telefónicas en esta causa.
En este caso, se mantiene como testigo protegido a Paula Gamboa, acusada, en primera instancia por narcotráfico y que denunció las forma en que los funcionarios de la PDI realizaban sus allanamientos irregularmente y con torturas.
El abogado querellante que representa a Gamboa, Carlos Quezada, subrayó la importancia de una correcta constitución del Tribunal, sobre todo porque cualquier irregularidad, posteriormente, puede ser motivo de nulidad en la Corte Suprema y destacó la protección a las víctimas.
El abogado defensor Luis Flores aseguró que en este juicio se deben entregar garantías a los imputados. Siete de estos se encuentran cumpliendo sus cautelares en dependencias de la institución policial.
Luego de la audiencia de este jueves, los querellantes presentaron una recusación contra uno de los jueces que se nombraron en reemplazo de las dos magistrados inhabilitadas, por lo que no es seguro el inicio de juicio para el próximo martes.
