El ministro de fuero, Alejandro Solís, dictó sentencia a la investigación por el delito de torturas practicadas por agentes de la Central Nacional de Informaciones, CNI, en contra del diputado Sergio Aguiló.

Este delito ocurrió en diciembre de 1981, y el magistrado determinó sancionar, entre otros ex agentes de la CNI, a Álvaro Corbalán Castilla a tres años de presidio, aunque se le concedió el beneficio de la libertad vigilada.

En el fallo se añade que los principales métodos de la CNI, al igual que la DINA, eran “el empleo de electricidad en partes sensibles del cuerpo, violentos golpes de todo tipo y la inmersión de la cabeza del torturado en agua hasta el punto de asfixia. En muchos casos se amenazaba con detener y torturar a miembros de la familia, al cónyuge del detenido y a sus hijos menores”.