Los diputados de la Democracia Cristiana, Gabriel Ascencio, Fuad Chahín y Ricardo Rincón, en representación de la bancada DC, se reunirán este martes a las 9:00 horas con el Fiscal Nacional Sabas Chahuán para presentar una denuncia con motivo de aclarar las responsabilidades penales y administrativas en el “descalabro financiero de la empresa del retail, La Polar”.

Según explicó el diputado DC Gabriel Ascencio, “todo indica que este descalabro financiero proviene de graves y permanentes irregularidades en el negocio crediticio que desarrollaría la operadora del retail, que obligaría a realizar provisiones adicionales del orden de los 500 millones de dólares.”

Ascencio agregó que “ni en los días más negros de la crisis financiera global una acción de una empresa chilena había sido castigada como lo fue La Polar (670 millones de un valor bolsa). Hechos que, por todos sus efectos, incluyendo el daño que se ha pronosticado en los fondos de la AFP de todos los chilenos, no puede quedar impune”.

Al respecto, el diputado Fuad Chahín precisó que “esta situación que se ha presentado en esta empresa comercial constituye una llamada de alerta sobre el comportamiento del sistema financiero y del retail, en materia de gestión de los créditos a los que acceden los ciudadanos chilenos. Nos preocupan los miles de consumidores y, obviamente, el tema debe ser investigado a fondo”.

El diputado Ricardo Rincón, en tanto, señaló que “los hechos ocurridos para llegar a este resultado nos dan cuenta que aquí hay responsabilidades que deben ser asumidas. La investigación debe abarcar tanto a los ejecutivos del anterior directorio de la sociedad, como a los actuales, y también a los administradores involucrados. Hay indicios claros en orden a señalar que probablemente ellos tenían conocimiento de la repactación de las deudas y que a pesar de esto, maquillaron los balances para obtener una mayor ganancia.”

El documento que ingresarán este martes al Ministerio Público establece que “para la Ley de Mercado de Valores (18.045) este es un delito, ya que expresamente en el artículo 59 señala que “sufrirán las penas de presidio menor en su grado medio a presidio mayor en su grado mínimo: a. Los que maliciosamente proporcionaren antecedentes falsos o certificaren hechos falsos a la Superintendencia, a una bolsa de valores o al público en general, para los efectos de lo dispuesto en esta ley”.

Por lo anterior, los diputados señalaron que “la responsabilidad de los directores es ineludible, ya que los directores de la empresa no pueden alegar desconocimiento de estas operaciones, es más, debe existir un Comité de Directorio que está encargado del control interno de la Compañía. Por lo tanto podemos asumir que ellos conocían la situación. La investigación de este caso por lo tanto, debe tratar de determinar en primer lugar, la responsabilidad penal de los administradores de la empresa.”

Por otra parte, el diputado Ascencio explicó que “también en este caso se pueden perseguir responsabilidades en los organismos del Estado encargados de fiscalizar a esta empresa. Primero en la Superintendencia de Valores y Seguros, la que debe fiscalizar los estados financieros de las sociedades anónimas abiertas. En el caso de la Superintendencia de Bancos e Instituciones financieras, a este organismo le corresponde fiscalizar créditos, deudas y provisiones de emisores de tarjetas de crédito no bancarias, tales como las grandes tiendas. En ambos casos existió una falla en la regulación, se debe investigar el por qué no se activaron las alarmas para frenar antes la situación.”

Finalmente, indicó que “está, además, la responsabilidad de los clasificadores de riesgo y los auditores externos que asesoran a las AFP en el momento en que estas invierten los dineros de los cotizantes. Al analizar los estados financieros de La Polar, para analizar su solvencia, debieron haber dado cuenta de las irregularidades. Estas auditorías no deben hacerse solamente con la información que entrega la empresa, como creemos que sucedió aquí, sino que con toda la información disponible en los organismos fiscalizadores.”