El Presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, y la representante del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, María Uribe Sánchez, encabezaron la ceremonia de lanzamiento del programa de fortalecimiento institucional, el que por un monto de 6,4 millones de dólares buscará perfeccionar el desarrollo institucional, la gestión de recursos humanos y la gestión jurisdiccional al interior del Poder Judicial.
Esta iniciativa nace gracias a los recursos facilitados por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. La operación total es por un monto estimado equivalente de US$6.400.000, de los cuales el 80% (es decir el equivalente de US$5.120.000) es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), bajo la modalidad de préstamo de inversión; y el 20% restante, es decir el equivalente de US$1.280.000, es financiado con recursos del Ministerio de Hacienda.
El proyecto denominado BID II, y cuyo plazo de ejecución es de 4 años, busca mejorar la capacidad del Poder Judicial para enfrentar desafíos en materia de desarrollo institucional, manejo de personal y gestión jurisdiccional; elevar la confianza de los usuarios en la aplicación transparente y justa de las leyes; y reducir la tasa de error en la tramitación de las causas.
“Con la contribución financiera del Banco Interamericano de Desarrollo y del Ministerio de Hacienda, tal programa potenciará nuestra capacidad para establecer políticas de mediano y largo plazo en las áreas que hemos definido como prioritarias. (…), dijo el presidente Milton Juica en su discurso.
El programa pondrá especial énfasis en el desarrollo del personal y en la carrera de los jueces y funcionarios judiciales, generando estímulos para el perfeccionamiento y el buen desempeño, aportando mayor transparencia a la gestión del régimen disciplinario y de calificación y facilitando el acceso al e-learning y a otras aplicaciones de nuevas tecnologías al servicio de la capacitación.
Asimismo, contempla la migración a una plataforma Web del sistema informático de la justicia penal; la implementación de un plan para mejorar la calidad del registro de la tramitación en tribunales que posean sistemas informáticos; la ampliación de la plataforma de videoconferencias; y la interconexión online con instituciones tales como Carabineros, Policía de Investigaciones, Gendarmería, Servicio de Registro Civil e Identificación, Servicio de Impuestos Internos y Aduanas.
El préstamo tiene un plazo de 10 años, con 4 años de gracia.
La representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), María Uribe Sánchez, estableció: “Nos encontramos frente a un ejercicio ejemplar, quizás único en la historia republicana chilena y que también confiamos en que se constituya un modelo a seguir en otras latitudes. Estamos seguros que esta tarea no se hace al margen de un valor superior, que en el caso de ustedes es el de la justicia’’.
El proyecto BID II tiene su origen en un primer plan, ejecutado entre los años 2006 y 2009, cuyo objetivo fue aumentar la eficiencia y calidad de los servicios que la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Este programa se dividió en cuatro componentes: Estrategias de Implantación de la Carrera Funcionaria, Reingeniería de Procesos Críticos, Gestión de Infraestructura y Obras y Gestión Estratégica y Descentralización. El BID I tuvo un costo de USD 5,4 millones, de los cuales el Banco Interamericano de Desarrollo facilitó USD 3,7 millones.
